El arresto de Julio César Mancera Dozal, conocido como “Tortuga”, pasó casi desapercibido en la lucha contra el narcotráfico en México. En las últimas horas, las autoridades mexicanas han detenido a este miembro del Cartel de Sinaloa en Hermosillo, capital de Sonora, tras identificarlo como una prioridad máxima.
Junto a Tortuga la Fiscalía General de la República (FGR) también procesó a Ernesto Enrique Cazares Ramos y Jorge Luis Manjarrez Rodríguez, por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio y portación de arma de fuego.
Aunque Mancera había mantenido un perfil bajo dentro de la organización, su reciente implicación en amenazas dirigidas a agentes de las fuerzas del orden de Estados Unidos ha provocado que el gobierno mexicano intensifique su búsqueda y proceda a su captura.
Mancera formaba parte de una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael “El Mayo” Zambada y era sobrino de Guadalupe “Lupe” Tapia, uno de los tenientes de Zambada. A pesar de estos vínculos, hasta hace pocas semanas había logrado evitar la atención de las autoridades, mientras otros traficantes de mayor rango eran objeto de persecución y arresto.
Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente cuando las autoridades mexicanas han tenido conocimiento de las amenazas de Mancera contra agentes estadounidenses, lo que ha motivado que se le considere una amenaza prioritaria, un estatus habitualmente reservado a los líderes de los cárteles.
La Fiscalía General de la República ha informado que la detención de Mancera se produjo en Hermosillo tras una persecución en la vía pública que no arrojó heridos.
Durante la operación, los agentes han incautado dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, 1.415 tabletas de fentanilo y 50,2 gramos de clorhidrato de cocaína. El Ministerio Público de la Federación ha presentado las pruebas necesarias para que un juez de distrito decrete la vinculación a proceso, la prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
El peso de las amenazas a agentes estadounidenses
El historial de las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha demostrado que el gobierno mexicano intenta reaccionar con firmeza ante cualquier amenaza dirigida a las fuerzas del orden del país vecino. Tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, México ha desplegado todos sus recursos para evitar represalias estadounidenses, lo que en su momento supuso el desmantelamiento del Cartel de Guadalajara.
De igual modo, el asesinato en 2011 del agente especial de la HSI Jaime Zapata a manos de miembros de Los Zetas ha derivado en el encarcelamiento de numerosos integrantes de base de ese cártel, debilitando significativamente su estructura.
Las organizaciones criminales mexicanas son conscientes de que cualquier acción criminal que atraiga la atención de los gobiernos de México y Estados Unidos puede poner en riesgo su supervivencia. Por ello, existe una regla no escrita entre los narcotraficantes: evitar cualquier operación directa contra autoridades estadounidenses.
En el caso de Mancera, la decisión de amenazar a agentes norteamericanos, sin consultar -aparentemente- a sus superiores dentro del Cártel de Sinaloa, ha supuesto una ruptura de esta norma tácita. Según la información disponible, los popes del cártel probablemente le habrían ordenado mantener un perfil bajo para no poner en peligro ni su libertad ni la operatividad de la organización.
Otras detenciones y acciones judiciales recientes
En paralelo a la detención de Mancera, la Fiscalía General de la República ha comunicado que un juez de control ha dictado medidas similares contra Juan Carlos de la Cruz Sánchez, Hernán Álvarez Estrada, Junior Reinaldo Hernández, Luis Antonio Pérez Varbery y Adolfo Vinicio Vázquez Pérez. Estos individuos han sido vinculados a proceso por presunta portación agravada de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras ser detenidos en Chiapas cuando intentaban eludir a las autoridades.
La Guardia Nacional, en el marco de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, ha sido la encargada de llevar a cabo la detención de Mancera y sus acompañantes en Hermosillo.
El Ministerio Público de la Federación ha aportado los elementos probatorios que han permitido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Hermosillo dictar la vinculación a proceso, la prisión preventiva y el plazo de dos meses para la investigación complementaria, según ha detallado la Fiscalía General de la República.
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