Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, aseguró su compromiso con la protección y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que fueron rescatados del albergue Casa de las Mercedes tras un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y personal de la demarcación.
Las acciones se originaron a partir de denuncias contra los directivos del albergue por presuntos delitos de abuso sexual y trata de personas. Como resultado, más de 30 menores fueron resguardados de manera preventiva.
Por medio de un video, Rojo de la Vega compartió: “Hoy les hablo no solo como alcaldesa y como servidora pública, también como mamá. Me parte el corazón lo que está pasando en la Casa de las Mercedes”.
La funcionaria subrayó que su prioridad es “garantizar su seguridad emocional, su continuidad afectiva, que reciban atención psicológica, que reciban protección inmediata”.
En relación con el impacto de la intervención, la alcaldesa expresó su preocupación por los efectos que la separación puede provocar en los menores: “Estas niñas y niños eran familia. Para ellos, cualquier separación no es un trámite, es romper vínculos, es destrozarlos en mil pedazos”.
Recalcó además que cualquier omisión detectada deberá ser atendida, y los responsables enfrentarán medidas administrativas y, si procede, sanciones penales y llamó a las autoridades a informar a la ciudadanía de manera clara y constante durante el proceso de investigación.
Participación de la alcaldía y resultados de las verificaciones
Rojo de la Vega detalló que, tras la denuncia pública, se ordenaron dos visitas de verificación administrativa al albergue Casa de las Mercedes: una dedicada a protección civil y otra al cumplimiento de establecimientos mercantiles, con el fin de revisar las condiciones y funcionamiento de la casa hogar.
Destacó la importancia de que las autoridades mantienen la información pública y actúen con celeridad y transparencia en todas las etapas del proceso.
La funcionaria afirmó: “Si las carpetas de investigación confirman lo que se denunció, se debe castigar con todo el peso de la ley. No debe haber impunidad”.
Posterior al operativo conjunto, la alcaldesa solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)la revisión del funcionamiento del albergue.
El INVEA detectó la ausencia de letreros y señalamientos de salida de emergencia, así como la falta de visibilidad de los números de emergencia (911) y de las rutas de evacuación.
La dependencia, en coordinación con la Dirección General de Gobierno, determinó que el domicilio “no cumple con todas las medidas de seguridad que establece la ley, por lo que fue suspendido en materia de Protección Civil” y colocaron sellos de suspensión de actividades al exterior del inmueble.
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