Diputados aprueban Ley de Amparo: modifican transitorio y limitan retroactividad en procesos abiertos

A las 3:38 horas de este miércoles 15 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.

El núcleo del debate giró en torno al tercer artículo transitorio, cuya redacción definía cómo se aplicarían las reformas a los asuntos que se encontraban abiertos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley.

La versión original del dictamen establecía que todos los procesos en curso continuarían bajo el marco legal anterior. Sin embargo, a propuesta del diputado Hugo Eric Flores de Morena, se modificó para que únicamente las etapas ya concluidas mantuvieran la normatividad previa, mientras que los actos procesales pendientes quedarán sujetos a la nueva Ley de Amparo.

Durante la sesión, Flores argumentó: “No es violar un derecho constitucional aprobando la irretroactividad de la ley, como maliciosamente han sostenido. Es un tema de trascendencia procesal, es derecho procesal puro”.

Según su intervención, la ley procesal, al ser de orden público, respeta los actos procesales finalizados, pero aplica su contenido de inmediato para las etapas que restan, sin afectar derechos adquiridos. De acuerdo con su explicación, este criterio se ajusta al artículo 14 de la Constitución y la doctrina jurídica mexicana.

Con esta modificación, los juicios de amparo en trámite se regirán por dos marcos jurídicos: lo ya realizado permanece bajo la ley anterior y, desde la entrada en vigor de la reforma, las fases siguientes deberán sujetarse a lo aprobado por la actual legislatura.

La reforma fue presentada como respuesta a la preocupación planteada sobre la dificultad del Estado mexicano para ejecutar cobros fiscales pendientes y la prolongación de los procesos judiciales.

Durante la discusión, Ricardo Monreal expuso cifras y argumentos en torno al impacto fiscal y la duración de los procesos judiciales vinculados a juicios de nulidad. Señaló que existen juicios de nulidad pendientes de resolución firme que superan los 100 mil millones de pesos solo en el último año. Destacó que el tiempo promedio desde la interposición de un recurso hasta la sentencia firme y la ejecución final puede extenderse entre 16 y 22 años.

Monreal afirmó que esta dilación afecta directamente a las finanzas públicas, ya que apenas 0,5% de los créditos fiscales involucrados llega efectivamente a ser cobrado por el Estado. De acuerdo con el legislador, el 95 por ciento de los deudores evitan el pago a través de procesos judiciales prolongados.

Aseguró que la reforma busca corregir este esquema y garantizar que quienes deben recursos al erario cumplan con sus responsabilidades, especialmente en casos vinculados a lavado de dinero, delincuencia organizada o evasión fiscal.

El diputado advirtió que, en ausencia de una modificación legislativa, continuarán los mecanismos que permiten a personas sujetas a investigaciones por delitos bloquear procedimientos mediante suspensiones provisionales obtenidas en cuestión de horas.

Por otro lado, en la discusión, el diputado Ricardo Mejía resaltó que la nueva redacción “corrige la inconstitucionalidad y se ampara en el principio de aplicación inmediata de las leyes procesales sin afectar actos consumados ni derechos adquiridos”.

¿Qué dijo la oposición?

La oposición advirtió que este ajuste introduce un impacto relevante en los derechos de quienes mantienen litigios abiertos, por lo que calificaron la medida como una forma de retroactividad disfrazada bajo argumentos técnicos.

Durante el debate en lo particular, Federico Döring, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó fuertes críticas a la reforma y al oficialismo. Acusó que la modificación priva a los ciudadanos del amparo como mecanismo de defensa frente al poder y beneficia a figuras vinculadas a Morena.

En tribuna, Döring expresó que la ley pone la justicia “en manos del Rasputín de la justicia”, en alusión al exministro Arturo Zaldívar, a quien describió como “gurú jurídico” del oficialismo.

El legislador panista sostuvo que la reforma es “un asalto” y “un robo”, pues —afirmó— arrebata a los mexicanos la principal herramienta jurídica para protegerse de un mal gobierno y de abusos de autoridad. Döring agregó que, en su opinión, quienes integran Morena “no necesitan del amparo de la justicia federal”, pues están respaldados por el poder presidencial.

Señaló también que la nueva legislación favorece a funcionarios y allegados al gobierno —a quienes acusó de poseer bienes y propiedades irregulares— y eximió de consecuencias a quienes, según él, actúan protegidos por el oficialismo. “¿A quién le están quitando el amparo? A los que sí nos vamos a tener que defender algún día de un abuso de autoridad de ustedes. ¿A quién no tocan?”, concluyó.

La votación que se realizó cerca de las 04:00 horas fue resultado de un debate nocturno con múltiples participaciones, reservas a varios artículos y posturas encontradas sobre la constitucionalidad de la reforma. El dictamen será devuelto al Senado de la República para los procedimientos correspondientes, en espera de una definición legislativa definitiva.

Se prevé que la discusión sobre la nueva Ley de Amparo continúe como uno de los temas centrales de la agenda legislativa este miércoles, cuando el Senado retome el análisis de las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.