La inminente presentación de la nueva Ley General de Aguas por parte del gobierno federal no garantizará una distribución equitativa del recurso hídrico ni afectará los privilegios de los grandes acaparadores del agua en México, advirtió el Mtro. Wilfrido Antonio Gómez Arias, académico del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
El especialista señaló que tanto la iniciativa de reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales —vigente desde 1992— como la propuesta de nueva legislación mantienen intocado el poder de la élite que concentra cerca de una cuarta parte del agua del país.
Esta situación, sostuvo, perpetúa una crisis hídrica que afecta principalmente a comunidades y poblaciones sin acceso al líquido.
“Sin participación ciudadana real, se pretende dejar operando la ley que generó la crisis actual y, al mismo tiempo, crear otra para administrar las migajas”, afirmó. Según Gómez Arias, el marco legal planteado no contempla mecanismos efectivos para redistribuir concesiones ni para garantizar el derecho humano al agua en contextos de desigualdad.
Acuíferos del país están sobreexplotados
El académico enfatizó que, aun cuando una comunidad enfrente escasez, no podrá recuperar el agua acaparada por grandes empresas.
“Se está dejando de lado el derecho de los pueblos y se ignoran las dinámicas del cambio climático. El agua subterránea se evapora más rápido y los acuíferos se están agotando”, alertó.
Cifras mencionadas por el investigador revelan la gravedad del panorama: de los acuíferos del país, 286 ya están sobreexplotados y 527 presentan una tendencia hacia menor disponibilidad.
En este escenario, los llamados “millonarios del agua” —grandes concesionarios industriales y agroempresariales— han incidido directamente en ese deterioro ambiental, mientras el Estado mantiene su derecho como un asunto secundario.
Limitar los volúmenes de concesión del agua
Organizaciones sociales y académicas han insistido en que no basta con reformar la ley actual, sino que debe reemplazarse por completo para establecer límites estrictos al volumen concesionado a grandes poseedores del agua, además de reasignar el recurso hacia usos prioritarios como el consumo humano y la sustentabilidad ambiental.
Gómez Arias señaló que cualquier reforma responsable debería obligar a los grandes concesionarios a participar en proyectos de restauración hídrica y someterlos a sanciones efectivas. “Si contaminan, deben perder la concesión. Hoy, la Ley de Aguas Nacionales incluso permite otorgar permisos en mantos no sobreexplotados sin garantías de restitución”, criticó.
La presidenta Claudia Sheinbaum enviará el lunes 29 de septiembre la nueva iniciativa al Congreso de la Unión como parte de su Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua.
Entre los cambios propuestos se encuentran la prohibición de venta de concesiones entre particulares —las cuales pasarían a ser reguladas exclusivamente por la Conagua—, el incremento de sanciones económicas e incluso la posibilidad de extinción de dominio cuando una licencia no se utilice.
Sin embargo, para especialistas como Gómez Arias, mientras no se toque el corazón del problema —la concentración del agua en manos privadas—, cualquier reforma seguirá siendo insuficiente.
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