Ninel Conde habría obtenido orden de restricción contra Javier Ceriani, según documento filtrado

Un presunto documento judicial, difundido de manera extraoficial por la revista TVyNovelas, apunta a que Ninel Herrera Conde habría solicitado y obtenido medidas de protección en contra del conductor y periodista Javier Ceriani, conocido por su estilo polémico.

¿Ninel Conde pone orden de restricción?

De acuerdo con la información publicada, el texto cita artículos de la Constitución mexicana, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Con base en estos fundamentos, el juzgado habría ordenado —de forma provisional— una serie de restricciones a Ceriani para proteger a la cantante y actriz.

El supuesto documento establece, entre otras medidas, la prohibición de acercarse o comunicarse con Ninel Conde, así como de presentarse en su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier sitio que frecuente.

También se mencionan restricciones para evitar cualquier tipo de intimidación o molestia, de manera directa o a través de terceros, además de auxilio inmediato de autoridades policiales en caso de que la artista lo requiera.

Es importante subrayar que ninguna de las partes ha confirmado públicamente la autenticidad de esta información. Ni Ninel Conde ni Javier Ceriani han emitido declaraciones al respecto.

La relación entre ambos ha estado marcada por tensiones mediáticas. Ceriani ha realizado comentarios críticos hacia la intérprete de “Bombón Asesino” en diversas emisiones de su programa digital.

Mientras no exista un comunicado oficial, la información debe tomarse con cautela. El caso recuerda que, en México, las medidas de protección son herramientas legales para salvaguardar la integridad de las mujeres que se consideran en riesgo, y pueden incluir órdenes de restricción, vigilancia policial y otras acciones preventivas.

Hasta el momento, la revista que difundió el documento mantiene su publicación, pero no hay confirmación judicial que certifique la veracidad de la orden de protección.