Durante la Mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto al caso de las factureras y señaló que en la actualidad existen “mil 500 carpetas de investigación y prácticamente con los jueces no se habían podido obtener”.
En este contexto, la mandataria comentó que espera que “con el nuevo poder judicial al menos concedan una sola orden de aprehensión“.
Su comentario se enmarca en el contexto en el que el Gobierno federal anunció un paquete de reformas para intensificar el combate a las llamadas “factureras”, con medidas que permitirán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspender o negar inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como perseguir penalmente a representantes legales y socios vinculados.
Detalles del paquete de reformas
La propuesta forma parte de la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación para 2026 y fue detallada tras la presentación del Paquete Económico en la Cámara de Diputados.
La problemática de las “factureras”—que son empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones simuladas o inexistentes— continúa generando fuertes pérdidas al erario público, a pesar de la entrada en vigor de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) desde 2014.
El SAT reportó que grupos vinculados reinciden en estos esquemas mediante la creación de nuevas sociedades que involucran a socios previamente señalados en “listas negras”.
Ante este ciclo, la reforma faculta a la autoridad fiscal para rechazar nuevos registros al detectar vínculos con empresas registradas por actividades simuladas y para suspender de inmediato la emisión de facturación si existen elementos que sugieran irregularidades.
Un procedimiento expedito de visita domiciliaria permitirá al SAT frenar la expedición de CFDI desde el inicio de la revisión y, tras una evaluación breve, determinar la validez de las operaciones amparadas.
En caso de irregularidades confirmadas, el contribuyente perderá su sello digital —que habilita la emisión de facturas— y su nombre será publicado tanto en el portal oficial del SAT como en el Diario Oficial de la Federación. Los receptores de facturas consideradas falsas dispondrán de 30 días para regularizar su situación; si no lo hacen, también enfrentarán sanciones, incluyendo la restricción de sellos.
Otra medida clave es la posibilidad de que la autoridad fiscal presente querellas penales contra los representantes y socios vinculados, ampliando la responsabilidad jurídica y la persecución más allá de la figura de la empresa fachada.
El gobierno sostuvo que estas acciones buscan frenar “la génesis de la problemática”: la creación y operación de redes organizadas de evasión que contaminan el sistema tributario y reducen los ingresos públicos. Para ello, la administración busca dotar al SAT de instrumentos legales más ágiles y eficaces.
Por otra parte, el paquete de reformas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum —anunciado el 23 de agosto en conferencia matutina— busca consolidar la recaudación fiscal sin aumentar impuestos.
Sheinbaum subrayó que las nuevas medidas están enfocadas en cerrar espacios a la evasión y fortalecer las facultades de fiscalización, descartando una reforma fiscal integral en el corto plazo.
El coordinador parlamentario Ricardo Monreal también ratificó que no habrá modificaciones mayores al régimen actual más allá de los instrumentos para combatir prácticas de simulación y evasión.
Las reformas contemplan adicionalmente la simplificación administrativa: para personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza del SAT, ya no será obligatoria la presentación de la declaración anual, bastando con los pagos mensuales definitivos.
Entre los cambios operativos, se destaca la eliminación de la validación de identidad por terceros. Sólo el SAT podrá verificar personalmente los datos de los contribuyentes en el trámite de la e.firma, con la meta de reducir riesgos en el uso de información personal.
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