El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), enfrenta cuestionamientos luego de que se revelara que ha recibido aproximadamente 500 mil pesos en donativos durante lo que va de 2025, hecho prohibido para servidores públicos en México. Ante tal situación, legisladores de la oposición exigieron a las autoridades correspondientes la apertura de una investigación para determinar si estas aportaciones configuran una irregularidad, en apego al marco legal.
Desde hace unos días Fernández Noroña ha cobrado relevancia al darse a conocer una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, de la cual es propietario. El costo de esta propiedad ha sido motivo de críticas y le ha llevado a explicar sus ingresos, por lo que refiere que ha acumulado esa suma a través de diferentes canales, entre ellos plataformas digitales.
La adquisición y el origen de los fondos motivaron reacciones de diversos grupos parlamentarios, quienes solicitaron esclarecer la procedencia de los recursos del senador morenista. Desde el bloque opositor, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, puntualizó que todos los servidores públicos están obligados a cumplir con la transparencia y presentar declaraciones patrimoniales sometidas a la revisión social.
El senador insistió en que tras la desaparición de los organismos autónomos corresponde al Órgano Interno de Control del Senado conducir una indagatoria formal si existen indicios de que el presidente de la Cámara Alta aceptó donativos en efectivo, práctica expresamente prohibida por la ley: “no puede ningún servidor público recibir donativos, regalos, de cualquier índole y sí así fuera lo menos que se puede hacer es explicar su procedencia”.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el jefe de la fracción, Ricardo Anaya, demandó total transparencia respecto a los ingresos, créditos y donaciones que ha recibido Fernández Noroña. El panista sostuvo que esa rendición de cuentas permitiría a las autoridades determinar con claridad si se incurrió en alguna infracción normativa. “Transparencia total sobre el origen de los recursos, transparencia total sobre el crédito y transparencia total sobre los donativos”, remarcó Anaya.
La legislación aplicable indica que cualquier servidor público descubierto aceptando donativos puede enfrentar procedimientos administrativos y legales, así como sanciones impuestas por las instancias competentes. El caso podría avanzar hacia las instancias internas del Senado, en tanto se sigan acumulando elementos sobre el monto y origen de las aportaciones, una situación que mantiene la atención pública y el seguimiento de la periodicidad y volumen de los apoyos recibidos por el senador.
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