
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito ordenó la liberación de Luis Ángel “N”, apodado como “La Güicha” y señalado como presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral ―ocurrido en Papantla, Veracruz― en marzo de 2020. La resolución, emitida el 28 de agosto de 2025, concedió un amparo al imputado y determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no fueron suficientes para mantenerlo detenido por el proceso penal 46/2020.
De acuerdo con el fallo judicial, los testimonios ofrecidos por la fiscalía no cumplían con los requisitos de legalidad para acreditar la probable participación de Luis Ángel “N”. Ante ellos, los magistrados consideraron que las declaraciones eran de “oídas” y carecían de sustento para sostener la acusación.
El tribunal recordó que la etapa de vinculación a proceso requiere de indicios sólidos, aunque no del mismo grado de certeza que en una sentencia. Sin embargo, concluyó que los elementos presentados no alcanzaban ni ese estándar inicial.
Con esta decisión, el imputado recuperó su libertad después de permanecer en prisión preventiva desde 2022. Es decir, cuando fue detenido tras mantenerse prófugo por más de dos años.
Reacciones de la familia y la condena periodística de Artículo 19
La hija de la periodista, Fernanda de Luna Ferral, señaló que la resolución representa un retroceso en la búsqueda de justicia. En entrevista con el portal Notiver, afirmó que pedirá explicaciones a las autoridades responsables del proceso y exigió que se refuercen las investigaciones contra los señalados como responsables materiales e intelectuales.
Por su parte, la organización Artículo 19 consideró que la liberación de Luis Ángel “N” refleja deficiencias en la integración de la investigación ministerial. Señaló que la fiscalía omitió aportar pruebas consistentes y que esto permitió que el tribunal desechara los cargos.
De acuerdo con la agrupación en favor de los derechos de periodistas, esta resolución impacta negativamente en el acceso a la justicia y evidencia la falta de cuidado en la atención de los crímenes contra periodistas.

El asesinato de María Elena Ferral: cinco años sin impunidad
María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa y directora del portal Quinto Poder, fue asesinada el 30 de marzo de 2020 en el centro de Papantla. Sujetos armados la atacaron a plena luz del día después de que realizara diversas publicaciones sobre corrupción política y desapariciones en la región.
En mayo de ese mismo año, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns informó que el asesinato estaba vinculado a la labor periodística de Ferral. Desde entonces, se han realizado diversas detenciones y procesos judiciales.
A cinco años del asesinato de María Elena Ferral, la causa penal continúa abierta con procesos en curso para varios de los implicados. La Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado hasta el momento si interpondrá un recurso legal para revertir el amparo concedido a Luis Ángel “N”.

Con la resolución del tribunal colegiado, tres de los acusados han sido liberados en distintos momentos, mientras que seis permanecen sentenciados y otros más se encuentran sujetos a proceso.
Las actuales demandas de la familia Ferral
Fernanda de Luna Ferral ha reiterado que los avances parciales en el caso no garantizan justicia plena. Ha insistido en que se investigue la posible responsabilidad de actores intelectuales y no solo de los autores materiales.
La familia de la periodista también ha denunciado presiones y hostigamiento derivados de su insistencia en exigir el esclarecimiento del asesinato.
Procesos y sentencias previas
Hasta la fecha, once personas han sido vinculadas al caso. Seis de ellas recibieron condenas como autores materiales. Entre los sentenciados en 2023 se encuentran Carlos “N”, Alfredo “N” y Othoniel “N”, quienes fueron condenados a 30 años de prisión.

Otros implicados han enfrentado procesos judiciales con diferentes resultados. En 2024, un tribunal federal concedió un amparo que derivó en la liberación de un acusado. En febrero de 2025, Antonio Zaleta también obtuvo su libertad mediante la misma vía legal.
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