Un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales que impiden exigir datos biométricos —como huellas dactilares y fotografía— para la obtención de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP).
La medida responde a amparos promovidos por Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, quienes cuestionan la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Población (LGP) publicada el 16 de julio.
El juez Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, sostuvo que, mientras la entrega de datos biométricos puede ser irreversible, la suspensión provisional sí puede revocarse si se determina que la reforma cumple con los criterios constitucionales.
La reforma prevé que la CURP con biométricos será un documento de identificación obligatorio, universal y de aceptación nacional, disponible tanto en formatos físico como digital. Sin embargo, la ley también señala que la integración de los datos biométricos deberá contar con la autorización expresa de la persona titular; quienes se nieguen podrán seguir usando la CURP tradicional.
Datos biométricos en CURP será voluntaria
A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en al menos dos ocasiones que la inclusión de datos biométricos será voluntaria, insistiendo en el carácter opcional del trámite, especialmente útil en casos como la búsqueda de personas desaparecidas.
La reforma da al Gobierno hasta mediados de octubre para habilitar los canales necesarios —como módulos o transferencia de datos entre dependencias con consentimiento— que permitan la consulta, validación y registro de estos datos biométricos.
El juez tiene programada una nueva audiencia para el 1 de septiembre, en la que determinará si concede suspensiones definitivas para Carrillo y García, las cuales se mantendrían vigentes durante todo el proceso del juicio.
En junio pasado, diversos especialistas y colectivos de derechos digitales alertaron que la implementación de la CURP biométrica podría fortalecer una infraestructura de vigilancia masiva, conectada incluso con la Plataforma Única de Identidad.
Esto, afirmaban, podría derivar en riesgos de exclusión, discriminación y violaciones a la privacidad, sin suficientes controles constitucionales.
Por otro lado, autoridades como Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, han defendido que el sistema operará dentro de los límites legales y bajo control judicial, garantizando que la autorización será previa y voluntaria —un punto fundamental para asegurar la protección de los datos personales.
Finalmente, la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma recaerá en la Suprema Corte de Justicia, cuyos nuevos ministros asumirán funciones próximamente.
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