El caso del feminicidio de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, ha generado controversia no solo por el contexto que rodeó su asesinato, sino también por las irregularidades detectadas en la presentación oficial de los resultados forenses.
El lunes 28 de julio, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presentó en conferencia de prensa a José Eduardo Márquez Nava como “médico legista” para pronunciarse sobre la causa de muerte de Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada por un grupo criminal el 18 de julio, obligada a aparecer en un video en el que, visiblemente sometida, lanzó un mensaje de advertencia a taxistas para que pagaran extorsión, y hallada sin vida seis días después.
En ese acto, la mandataria lo usó para reforzar su dicho de que la maestra murió por un infarto; defendió la información oficial y criticó que el caso fuera tan mediático: “Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo… aquí está el doctor que hizo la necropsia, aquí está, él es”.
Márquez Nava intervino entonces con la explicación ante los medios: “Sí, yo soy el que recibió el cuerpo, mire, como parte del protocolo de necropsia nuestra función es hacer un análisis externo e interno, es un hecho que no tiene palabras”.
El médico detalló que la maestra falleció a causa de un infarto tras haber sufrido múltiples agresiones físicas y describió los hallazgos internos y externos observados.
Sin embargo, este jueves comenzaron a surgir dudas sobre la identidad profesional de quien fungió como vocero forense.
¿Falso médico legista?
Una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra que José Eduardo Márquez Nava posee una cédula profesional como médico cirujano, expedida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el número de cédula 11155803.
No se encontró registro de una especialidad en medicina forense ni como médico legista. Toda la información obtenida forma parte del sistema público de cédulas profesionales actualizado por la SEP. Márquez Nava figura exclusivamente con la licenciatura en medicina general, sin otras especialidades asociadas a funciones periciales.
La información recabada por medios como Milenio y Latinus indica que Márquez Nava se desempeña como médico de turno adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en la zona de Tuxpan. Su labor se concentró en acompañar con paramédicos a elementos de Ejército y seguridad cuando se localizó el cuerpo de Irma Hernández Cruz, con el fin de confirmar el deceso in situ.
El procedimiento de necropsia, que establece de forma legal la causa y características de muerte, correspondió a un médico forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Fuentes oficiales citadas por Milenio indican que la fiscalía habría declinado enviar al perito forense a la conferencia de prensa, argumentando que revelar detalles específicos vulneraba el debido proceso y la secrecía de la investigación.
Es decir, el gobierno de Veracruz sustituyó al perito oficial por un médico de guardia, sin credenciales forenses, para sustentar una versión oficial.
“Les guste o no”
En la conferencia, Márquez Nava aseguró que el cuerpo de Irma Hernández presentaba múltiples lesiones externas y que los daños internos estaban concentrados en el corazón. Añadió que no había lesiones internas en cráneo, tórax o abdomen. Con base en esos hallazgos, concluyó que la causa de muerte fue un infarto provocado por el trauma físico.
La gobernadora Rocío Nahle retomó esa declaración para insistir, de manera enfática, en que “la maestra fue violentada y después de ser violentada sufrió un infarto, les guste o no”.
La frase generó controversia inmediata entre colectivos feministas, familiares de víctimas y observadores políticos, que denunciaron la revictimización de la maestra y una narrativa oficial destinada a minimizar responsabilidades.
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