
En México se han tenido grandes avances respecto a la igualdad de género en los últimos años, entre los cuales está la inclusión de mujeres en cargos de alto nivel; sin embargo, la erradicación de la brecha salarial por género sigue en un largo y lento camino.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso salarial de las mujeres aumentó ligeramente, pero la brecha de ingresos entre ambos géneros se ubicó en 34%, una reducción de un punto porcentual con respecto al año anterior.
Según el mismo documento,el ingreso monetario promedio mensual de las mujeres fue de 7 mil 905 pesos y para los hombres fue de 12 mil 016 pesos.
Esto implica que, en promedio, por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer gana 66 pesos.
No obstante, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque la brecha se mantiene en niveles similares a los observados en 2020 y 2022, esto representa una mejora en comparación con los años previos a la pandemia.
Destacó que esta reducción puede explicarse por un mayor crecimiento en los ingresos de las mujeres en los últimos años, ya que entre 2016 y 2024, el ingreso monetario trimestral creció 32.1%, mientras que el de los hombres aumentó 15.9% para el mismo periodo.
¿Cómo se podría lograr la equidad salarial?
Aunque existen propuestas para enfrentar este fenómeno, entre ellas la definición legal de la brecha salarial y la búsqueda de mecanismos para eliminarla, dichas herramientas aún no están implementadas y el Congreso debe legislar al respecto.
Por ello, el IMCO, junto con la Embajada Británica, en su informe titulado “¿Cómo cerrar la brecha salarial? Estrategias para erradicarla en México” propuso siete acciones que involucran tanto al sector público como al privado.
Para el sector público, se destacan tres ejes: en primer lugar, la necesidad de crear una metodología uniforme para medir la brecha salarial, mediante el establecimiento de indicadores por género y nivel en las empresas, además de umbrales que obliguen a tomar medidas cuando existan diferencias notables.
Segundo, avanzar en la transparencia salarial mediante reportes obligatorios y la publicación de rangos salariales, iniciando por empresas grandes y de forma gradual, priorizando las que operan en bolsa o ciertos sectores. Tercero, estructurar un sistema nacional de cuidados que incluya ampliación de licencias parentales, cobertura extensa de servicios y financiamiento sostenible, lo que ayudaría a disminuir la brecha laboral relacionada con el cuidado.
Para el sector privado, se recomienda establecer procesos de selección y promoción inclusivos, usando lenguaje neutral y criterios claros, además de entrevistas centradas en habilidades y experiencia, evitando cuestiones personales o salariales previas.
También se sugiere la creación de tabuladores salariales para reducir la discrecionalidad y corregir desigualdades, así como auditorías externas y certificaciones en igualdad de género.
Por último, se plantea impulsar políticas de inclusión, como flexibilidad laboral, permisos equiparables para madres y padres, y apoyos de cuidado, sumando el compromiso de la alta dirección con la equidad.
Esto con el objetivo de transformar los ambientes laborales para que sean más equitativos y competitivos. La estandarización en la medición, la transparencia y la institucionalización de políticas de cuidado destacan entre las acciones propuestas.
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