
Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo y actual embajador de México en Canadá, fue acusado públicamente de haber permitido el crecimiento del crimen organizado durante su administración estatal, que abarcó el periodo de 2016 a 2022.
Durante una entrevista transmitida por la estación de radio Playa FM 103.1, con sede en Playa del Carmen. Gabriel Mendicuti Loría afirmó que, durante el mandato de Carlos Joaquín, uno de sus hijos participó directamente en actividades de extorsión mediante el cobro de derecho de piso a empresarios, lo que habría favorecido la operación de grupos delictivos en la región.
Mendicuti Loría se desempeñó como secretario de Gobierno durante la administración del exgobernador priista Roberto Borge Angulo, actualmente encarcelado en Morelos por asociación delictuosa.

Hijo de exgobernador, implicado en extorsiones según exfuncionario
Durante la transmisión, Mendicuti lanzó una grave advertencia relacionada con la seguridad de uno de los hijos del exgobernador, al asegurar: “lo van a reventar en las próximas semanas”. El exsecretario señaló que dicho hijo actuaba como “intermediario con los cárteles” y que estaba involucrado directamente en la recaudación de extorsiones, aunque no precisó su identidad.
También calificó a Carlos Joaquín como “un delincuente” y lo acusó de haber financiado su campaña política con recursos del crimen: “vendió al estado a la delincuencia”.
Carlos Joaquín González gobernó bajo la coalición PAN-PRD, pero posteriormente se desvinculó de ambos partidos y estrechó su relación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyando proyectos como el Tren Maya.
Esta cercanía lo llevó a ser nombrado embajador en Canadá, cargo ratificado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según la revista Proceso, durante el periodo de Borge, cuando Mendicuti formó parte del gabinete, se cometió uno de los mayores saqueos al patrimonio estatal, con la venta de terrenos en zonas de alto valor por debajo de su precio real, causando un presunto daño al erario superior a 900 millones de pesos.
Muchas de las denuncias por estos hechos fueron procesadas durante el gobierno de Carlos Joaquín, lo que resultó en la detención de Borge y otros exfuncionarios. Además, durante su sexenio, los homicidios dolosos se incrementaron en un 180% respecto a la administración anterior. Hasta ahora, el embajador no ha hecho declaraciones públicas sobre estas acusaciones.
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