La investigación penal contra Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de Salud de Guanajuato y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, será reabierta por orden de un juez federal, tras detectarse irregularidades en el proceso anterior.
La denuncia, presentada por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual directora del hospital, involucra presuntas anomalías por 50 millones de pesos en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a personal de confianza del ISSSTE.
El caso se remonta a la gestión de Cortés Alcalá como director del Issste en León. Rodríguez Lizola formalizó una denuncia por supuestas irregularidades y reportó haber recibido actos intimidatorios tras asumir el cargo, mientras la gobernadora Libia García Muñoz Ledo designó a Cortés como secretario de Salud. Los señalamientos incluyen posibles conflictos de interés, debido a que los contratos investigados habrían favorecido a proveedores con nexos internos.
La carpeta federal fue archivada poco después de presentada, cuando Gerardo Vázquez Alatriste se desempeñaba como delegado de la FGR en Guanajuato. De acuerdo con lo que el juez Orlando Íñiguez Delgadillo declaró a medios locales, la agente del Ministerio Público, Diana Martínez, cerró el caso de forma anticipada, sólo 17 días después de su apertura, sin agotar las diligencias necesarias ni solicitar la documentación ofrecida por el Issste.
Martínez redactó el borrador de no acción penal antes de que los involucrados comparecieran oficialmente, lo que, de acuerdo con la resolución judicial, vulneró el debido proceso y los derechos de la parte denunciante.
Durante una audiencia, la defensa de Cortés Alcalá argumentó que la denuncia se basaba en información periodística y acusó falta de pruebas documentales, aunque representantes del Issste presentaron actas técnicas, contratos y evidencias de obra que no se analizaron por el cierre prematuro de la investigación. El encargado legal de la institución, Kevin Álvarez Salgado, accionó para ampliar el plazo de entrega de prueba, pero la fiscalía negó la solicitud.
Tras la revisión judicial, la investigación será retomada y ya no estará a cargo de la agente Diana Martínez, quien fue separada de su puesto y enfrenta un proceso penal junto con otros fiscales relacionados con el cierre prematuro del expediente.
La gobernadora Libia García Muñoz Ledo aclaró que, de momento, no procederá a la destitución de Cortés Alcalá, argumentando que aguardará el resultado de la investigación antes de tomar alguna decisión sobre su continuidad en el cargo.
Las investigación seguirán su curso, mientras la afectada continua en la espera de una resolución favorable.
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