Neria había acudido a una audiencia en defensa de su hijo, quien sufrió abuso sexual, cuando fue asesinada

El feminicidio de Neria Pamela López Solís, madre de 29 años asesinada a tiros la noche del pasado 18 de julio en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, ha generado profunda indignación y un llamado urgente a la justicia por parte de organizaciones, colectivos feministas y la sociedad civil.

Neria, quien había denunciado públicamente el abuso sexual cometido contra su hijo por parte de su expareja, fue asesinada apenas unas horas después de asistir a una audiencia judicial relacionada con el caso.

La Colectiva Nacional 50+1, conformada por mujeres activistas, políticas y defensoras de derechos humanos, condenó enérgicamente el crimen y exigió una investigación exhaustiva, con enfoque de género y justicia para Neria y su hijo.

En un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo señaló que este asesinato “no es un caso aislado”, sino reflejo de un sistema que revictimiza a las madres protectoras, ignora sus denuncias y las deja en total indefensión.

La tragedia ocurrió pasadas las 22:00 horas del 18 de julio, cuando Neria y su hermana Jacqueline regresaban a su domicilio en la colonia Paraje Zacatepec. Al descender del taxi en el que viajaban, un hombre armado se acercó a Neria y le disparó repetidamente. Según el testimonio de su hermana, el agresor vestía una camisa blanca y huyó en una motocicleta negra por la Avenida Ermita Iztapalapa. Aunque una ambulancia acudió al lugar, Neria no sobrevivió.

Ese mismo día, por la tarde, Neria había asistido a una audiencia en la que un juez finalmente le otorgó la custodia de su hijo, después de una prolongada batalla legal.

El niño se encontraba bajo el resguardo de su padre, Álvaro “N”, el mismo hombre que fue denunciado por Neria por abuso sexual contra el menor. De acuerdo con sus familiares, el agresor se negó sistemáticamente a entregarle al menor, incluso después de que el fallo le fuera desfavorable.

Uno de los puntos más señalados por la Colectiva 50+1 es la actuación del juez Jorge Rodríguez Murillo, quien en etapas anteriores del proceso había retirado la custodia a Neria pese a las denuncias en contra del padre del niño. El colectivo exigió que el juez sea suspendido e investigado, así como la revisión del fallo previo que favoreció al presunto agresor.

La organización también pidió garantías de protección integral para el menor y su entorno familiar, así como el cese de la persecución y criminalización de las madres protectoras en el país.

“La búsqueda de justicia llevó a Neria a la muerte”, escribió el colectivo, alzando la voz por todas las mujeres que enfrentan un sistema judicial que muchas veces actúa en su contra.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas detenidas por este feminicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y aseguró que se están siguiendo diversas líneas para esclarecer el caso.

El asesinato de Neria ha dejado en evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual o familiar, especialmente cuando sus testimonios son ignorados o minimizados por el sistema de justicia. Su muerte ha encendido nuevamente el reclamo social por una reforma profunda en la atención a víctimas de violencia y en la protección de los derechos de la infancia.