A partir de 2026, la Clave Única de Registro de Población (CURP) incluirá elementos biométricos y se convertirá en un documento obligatorio, según lo establecido en un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles. La medida contempla la incorporación de fotografía, huellas dactilares, firma electrónica y escaneo del iris, además de los datos alfanuméricos actuales.
El objetivo de este cambio es vincular de manera directa la identidad de cada ciudadano con diversos servicios públicos, entre ellos salud, telecomunicaciones y otros trámites gubernamentales. La CURP Biométrica servirá como una identificación personal unificada, de carácter obligatorio.
El decreto establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal contarán con un plazo de hasta 90 días para diseñar e implementar la Plataforma Única de Identidad. Este sistema concentrará la base de datos nacional y facilitará el uso de la nueva CURP en los servicios públicos.
Adicionalmente, en un periodo máximo de 120 días se pondrá en marcha un programa específico para el registro biométrico de menores de edad. No se detallaron los criterios o el alcance del programa, pero se contempla dentro del mismo esquema nacional de identidad digital.
Once decretos aprobados este miércoles
La creación de la CURP Biométrica es parte de un paquete más amplio de decretos firmados por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicados el mismo día en el DOF. En total, fueron once disposiciones legales que abarcan temas diversos como la desaparición forzada, seguridad pública, regulación de telecomunicaciones y bienestar animal.
El pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el dictamen que crea la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Esta nueva legislación busca hacer más ágil y eficiente la gestión pública, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, y promover una administración moderna, transparente e incluyente.
La propuesta, originada en una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que esta ley es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución. Su objetivo es regular la simplificación administrativa, la digitalización de servicios y trámites, así como promover buenas prácticas regulatorias y fortalecer las capacidades tecnológicas en los tres niveles de gobierno. Las disposiciones de esta ley tienen carácter de orden público, son de interés social y deberán aplicarse en todo el país.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la autoridad nacional de simplificación y digitalización, y es la responsable a nivel nacional y en el ámbito federal, de implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la Ley.
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