Un juez de control penal de Pachuca vinculó a proceso a Arturo Williams “N”, su esposa Bertha Eva “N” y la diputada local con licencia, Alhely “N”, por su presunta responsabilidad en el caso de abuso sexual infantil ocurrido en 2022 en el municipio de Zimapán, Hidalgo.
Los tres son señalados por el Ministerio Público de abuso sexual y violación equiparada, tras la denuncia presentada por la madre de las víctimas, Jaqueline Trejo, el 17 de junio de ese año.
Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 9 de julio de 2025, el juez Jesús Anim Ope Islas dictó prisión preventiva justificada para Arturo Williams y su esposa; sin embargo, esta medida no se puede ejecutar debido a que ambos cuentan con una suspensión federal.
En el caso de Alhely “N”, hermana de Bertha, el juez impuso medidas cautelares consistentes en la prohibición de salir del país y presentarse a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), ya que también fue señalada por las menores en entrevistas periciales.
Las víctimas y su madre fueron trasladadas a un refugio de seguridad en la Ciudad de México tras la denuncia. De acuerdo con Proceso, en marzo de 2023, Arturo Williams y Bertha Eva fueron detenidos en Quintana Roo, pero liberados días después cuando la jueza Janett Montiel decidió no vincularlos a proceso.
No obstante, esta resolución fue revertida el 13 de diciembre de 2024 por una jueza federal en Culiacán, quien ordenó valorar nuevamente elementos omitidos inicialmente, lo que llevó a reabrir el caso.
La defensa de los imputados ha insistido en su inocencia, calificando las pruebas como “prefabricadas” y parte de una supuesta venganza familiar. El abogado Ramsés Almaraz sostuvo que se ha vulnerado la presunción de inocencia de sus clientes y pidió que no se permita que el caso sea juzgado en medios o redes sociales.
La audiencia fue privada, y los acusados comparecieron de forma virtual tras alegar temor por su integridad física debido a presuntas amenazas recibidas. Ante la situación, el gobernador Julio Menchaca afirmó que no existe protección política hacia los acusados y recalcó que la justicia debe actuar con independencia.
El caso sigue bajo análisis en juzgados federales, donde se determinará si las pruebas y testimonios son suficientes para proceder hacia una eventual sentencia. Mientras tanto, los tres presuntos implicados deberán continuar con el proceso judicial bajo las medidas cautelares impuestas por el juez.
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