La bancada de Morena en el Congreso capitalino anunció el lanzamiento de una serie de “Diálogos contra la gentrificación” que recorrerán las 16 alcaldías con el fin de frenar el desplazamiento de residentes originarios de barrios vulnerables y atender las demandas de los nativos.
El vocero legislativo, Paulo García, explicó que el objetivo de esta estrategia es analizar la gentrificación en todas sus dimensiones —vivienda, servicios, cultura e identidad— e integrar a los sectores involucrados: ciudadanía, colectivos, académicos, empresarios, restauranteros, hoteleros, vecinos y autoridades.
Se plantea identificar las “formas en que se ofrecen servicios y se diseña la ciudad” para generar un diagnóstico compartido que permita formular alternativas público‑privadas que mitiguen el avance de esta transformación urbana.
Los diálogos se enmarcan en un contexto urbano donde la gentrificación ha logrado consolidarse en la capital mexicana desde la década de 1980, mediante la aplicación de políticas neoliberales y megaproyectos que dispararon los precios del suelo, desplazaron a poblaciones de ingresos medios y bajos, y alteraron la composición social de barrios históricos como Roma, Condesa, Portales o Xoco, aseguran los legisladores locales.
El impacto de la gentrificación en la capital
De acuerdo con estudios académicos, esta dinámica ha derivado en la sustitución de pequeñas empresas y el auge de servicios dirigidos a personas de ingresos altos o turistas. El fenómeno no sólo ha repercutido materialmente, sino en la pérdida de identidad y cohesión comunitaria. Además se ha incrementado el uso de plataformas como Airbnb, vinculadas directamente al encarecimiento de arrendamientos en zonas tradicionales, lo que reduce las opciones habitacionales de los vecinos.
Paralelo a la convocatoria de Morena, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también ha rechazado las expresiones xenófobas y la violencia generada tras recientes protestas antigentrificación en colonias como Roma, Condesa y Doctores, donde se reportaron actos vandálicos.
A través de un comunicado, el Gobierno capitalino aseguró que desde el inicio de su gestión ha impulsado una política de vivienda orientada al arraigo comunitario, con proyectos de “habitación popular” en áreas afectadas por la gentrificación. Además, se comprometió a mantener reuniones periódicas con comerciantes y habitantes del entorno, con el fin de atender crisis producto de protestas y prevenir violencia.
Se enfatizó la importancia del diálogo “respetuoso e informado” dentro de la capital, entendida como “ciudad de derechos y libertades”, y como contrapeso a visión especulativa urbana.
Representantes de sectores empresariales, entre ellos la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Canaco CDMX, Canacope y Canirac, emitieron una postura conjunta en la que rechazaron los actos vandálicos, argumentando que éstos afectan la imagen de la ciudad, crucial en vísperas del Mundial de Futbol 2026 y afectan la confianza de inversionistas. También reconocieron que existen “preocupaciones legítimas” por el encarecimiento del suelo y la transformación del paisaje urbano.
Un fenómeno que se ha intensificado con los años
La gentrificación en la Ciudad de México se desarrolló en varias fases. En los años 80, tras los sismos y con inversiones neoliberales, comenzó una transformación en áreas centrales que puso en marcha una dinámica de revalorización y exclusión.
Colonias como Portales, Roma y Condesa pasaron de ser barriadas de bajo costo a zonas de consumo elitista, en parte por la proliferación de rentas vacacionales. En Portales, se anticipa que la presión inmobiliaria desplazará a vecinos tradicionales, replicando el patrón de las alcaldías Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc. Roma sufre “revalorizaciones urbanas” ligadas al uso intensivo de Airbnb —hasta 1 por cada 10 viviendas en 2018—, generando crisis de vivienda local. En Condesa, cerca del 8 % de viviendas se invertían en renta vacacional en 2020.
Xoco, por su parte, ha sido epicentro de protestas desde 2012, debido a megaproyectos como la torre y centro comercial Mítikah, donde vecinos denuncian la “aniquilación del paisaje comunitario–barrial”.
Los proyectos de vivienda popular impulsados por la administración capitalina buscan garantizar el arraigo. No obstante, activistas advierten que estas medidas deben integrarse a estrategias más amplias de regulación del mercado inmobiliario, así como de protección al patrimonio histórico y cultural.
Los “Diálogos contra la gentrificación” proponen un abordaje participativo: convocan a actores políticos, vecinales, académicos y empresariales para diagnosticar la situación y construir acuerdos. Su éxito dependerá de la capacidad institucional para traducir temas culturales y de identidad en marcos regulatorios y en esquemas de vivienda asequible efectivos, sin marginar a los residentes originarios.
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