El caso de Esteban Canchola, maestro de primaria en Mexicali, Baja California, ha generado movilizaciones, protestas y debates en el sector educativo nacional, tras la muerte de uno de sus alumnos, supuesta negligencia por parte de las instituciones e investigaciones irregulares.
El 30 de octubre de 2023, en la Escuela Primaria Eucario Zavala Álvarez, el alumno Martín Damián, de 10 años, sufrió un golpe en la cabeza mientras jugaba fútbol alrededor de la 1 de la tarde. El menor no reportó molestias inmediatas y, según testimonios, comunicó su malestar hasta cerca de las 3 de la tarde.
Ante la situación, el maestro Esteban Canchola notificó al padre de Martín Damián, quien acudió al plantel para recogerlo. El alumno fue trasladado a una clínica privada cubierta por el seguro escolar. Ese mismo día, el menor fue evaluado y dado de alta.
En la madrugada del 31 de octubre, el estado de salud de Martín Damián se complicó: presentó vómitos persistentes y perdió el conocimiento. Fue reingresado a la clínica, donde falleció a causa de muerte cerebral.
Tras la muerte del menor, la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación. El Ministerio Público imputó al maestro Esteban Canchola por omisión de auxilio, argumentando que no actuó con la debida diligencia y no garantizó una atención médica inmediata. La Fiscalía sostuvo que el maestro debió haber acompañado al menor durante todo el proceso y asegurarse del adecuado seguimiento médico.
Durante las audiencias, la defensa de Canchola aseguró que el profesor siguió los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación: informó al padre y activó el seguro escolar. Además, atribuyó responsabilidad a la clínica privada que atendió al menor, por haberlo dado de alta sin realizar estudios más exhaustivos.
Así, tras un largo proceso en búsqueda de justicia, el caso se viralizó debido a las protestas del gremio docente, que creía en la inocencia del profesor y lo respaldaba; asimismo sus colegas señalaron que el hecho ocurrió fuera del horario escolar formal y que a Canchola se le adjudican responsabilidades injustamente.
Finalmente, el 3 de julio de 2025 se realizó la audiencia de individualización de la pena en el Tribunal del Poder Judicial de Baja California.
El fallo se dio a las 4 de la mañana del 4 de julio; tras más de siete horas de audiencia, y en medio de movilizaciones y protestas que congregaron a cientos de maestros en las afueras del tribunal, el juez dictó sentencia: se condenó al maestro Canchola a seis meses de prisión y una multa de 311 pesos, con el beneficio de libertad bajo caución mediante el pago de una fianza de dos mil pesos. El tribunal rechazó la demanda de indemnización por cuatro millones de pesos presentada por la familia de la víctima.
En la audiencia, la defensa logró que el maestro permaneciera libre, presentándose mensualmente ante la autoridad, mientras se resuelve la apelación anunciada por su equipo legal.
Reacciones del magisterio y consecuencias
Durante y después del proceso, maestros y sindicatos manifestaron temor a una posible criminalización del sector ante accidentes escolares, organizando marchas en varios municipios de Baja California. Protestas y cierres de vialidades se registraron en Tijuana y Mexicali. La preocupación de los docentes quedó expresada en declaraciones de liderazgos sindicales, quienes afirman que el caso deja un precedente que afecta el ambiente laboral en las escuelas.
La lectura formal de sentencia está programada para el 10 de julio de 2025. La resolución confirmará si se mantiene la libertad bajo caución y si deben revisarse los protocolos de actuación para el personal docente. Mientras tanto, el caso continúa generando debate nacional sobre los alcances y límites de la responsabilidad de los maestros ante incidentes dentro de las escuelas.
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