El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma diversas disposiciones en materia de desaparición forzada, pese al rechazo de colectivos de familiares de desaparecidos y de algunos sectores de la oposición, quienes señalaron riesgos a la privacidad por el uso obligatorio de la CURP biométrica como documento de identidad oficial.
La reforma, enviada ahora a la Cámara de Diputados, aborda dos ejes principales que fueron votados de manera independiente. El primero modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y fue aprobado con 89 votos a favor por Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT, mientras el PRI votó en contra.
El segundo cambia la Ley General de Población y pretende que se introduzca la CURP con datos biométricos, estas modificaciones fueron aprobadas con 69 votos de Morena, PT y PVEM, contra 28 votos en contra del PRI y PAN, y 4 abstenciones de Movimiento Ciudadano.
La CURP con biométricos, que incluirá huellas dactilares y fotografía, sería obligatoria en formato físico y digital, y serviría como identificador oficial en todo el país. Autoridades y particulares deberán exigirla para realizar trámites y ofrecer servicios, mientras que instancias como las fiscalías y comisiones de búsqueda podrán acceder a la información registrada en la nueva Plataforma Única de Identidad, un sistema que interconectará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Se prevé que los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes serán tratados e integrados por la Secretaría de Gobernación, y que establecerá un Programa de Integración al Registro Nacional de Población; y posteriormente se integrará también al Sistema Nacional de Salud.
Además, la reforma establece medidas para mejorar los servicios forenses y su coordinación en la identificación de cuerpos y restos humanos no identificados. Estos deberán ser registrados en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días. Entre las modificaciones, se incluye el reconocimiento legal de figuras como familia social y nombre social, en beneficio de personas desaparecidas en situación de calle o pertenecientes a la población LGBTQ+.
A pesar de los avances técnicos impulsados por la reforma, colectivos como las Madres Buscadoras expresaron su rechazo, denunciando que sus propuestas —570 en total— no fueron realmente consideradas en el proceso. La senadora priista Karla Toledo criticó el uso de los datos biométricos, señalando que esto prioriza el control estatal por encima de una verdadera búsqueda de justicia, y pidió estrategias reales para fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación.
Por su parte, Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, defendió la iniciativa asegurando que se trata de una muestra de solidaridad para enfrentar la crisis de desapariciones. Pidió que tras 90 días de vigencia, Presidencia deberá emitir un reglamento de ley.
Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, celebró algunos aspectos de la reforma, pero se opuso a la CURP biométrica, advirtiendo sobre el riesgo en la protección de datos personales.
La reforma deberá discutirse y aprobarse en la Cámara de Diputados antes del 2 de julio.
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