La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), compuesta por exjefes de Estado y de gobierno de la región, emitió un pronunciamiento sobre la reciente elección de integrantes del Poder Judicial en México. En el documento, los firmantes cuestionan el origen, la legalidad y el desarrollo del proceso, y advierten sobre su impacto en la separación de poderes y la democracia constitucional del país.
El pronunciamiento se dio a conocer tras la elección del 1 de junio, en la que se renovaron cargos del Poder Judicial mediante un proceso calificado por los firmantes como carente de legitimidad democrática. Según el Grupo IDEA, este mecanismo “fue diseñado e impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por su sucesora, con el objetivo de eliminar la autonomía judicial y someterla a la voluntad del Poder Ejecutivo”.
El grupo sostiene que la iniciativa de reforma y elección judicial no respondió a un objetivo de fortalecimiento institucional, sino a una estrategia política orientada a remover a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, por su autonomía, fungían como contrapeso al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la declaración, el proceso respondió a una lógica de “venganza y fortalecimiento autoritario de la presidencia”, tal como lo describe el exmandatario mexicano Ernesto Zedillo, citado por los firmantes. En ese sentido, consideran que la remoción total del Poder Judicial responde a una finalidad de control político sobre el aparato judicial.
Desarrollo opaco y deficiencias estructurales
El Grupo IDEA detalla una serie de irregularidades en el proceso electoral. Entre ellas, la presentación de 2 mil 500 candidaturas, muchas de ellas desconocidas para el electorado, así como la exclusión de perfiles con trayectoria judicial por parte de un comité considerado parcial.
Además, se denunciaron prácticas como el uso de “acordeones” —instrucciones dirigidas a los votantes—, acarreo de electores y una cadena de custodia deficiente para el resguardo de boletas. El grupo documenta testimonios sobre la manipulación de votos, incluyendo el marcado de boletas por parte de funcionarios de casilla y la ausencia de conteo ciudadano en el lugar de la votación, ya que el material electoral fue trasladado a otras sedes fuera de la vista pública.
También se critica la supresión de un sistema transparente para la selección final, al utilizar sorteos en el Senado en lugar de evaluaciones técnicas.
La declaración alerta que esta elección constituye la primera de dos fases para reemplazar a la totalidad de integrantes del Poder Judicial con perfiles afines al partido gobernante. En este contexto, se advierte que la nueva composición del sistema judicial podría responder más a criterios de conveniencia política que a estándares jurídicos.
Asimismo, se expresa preocupación por la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, organismo con facultades para suspender o destituir jueces. Según el Grupo IDEA, este nuevo tribunal operará como una herramienta de supervisión política, que condicionará la independencia de los nuevos juzgadores.
Riesgos para el sistema constitucional
El documento concluye que este proceso representa una ruptura del orden democrático en México, al debilitar el principio de separación de poderes que caracteriza a las repúblicas constitucionales. En ese sentido, se advierte que un gobierno con mayoría representativa no puede considerarse democrático sin un Poder Judicial independiente.
El Grupo IDEA fundamenta su postura en la Carta Democrática Interamericana, que establece la necesidad de un sistema judicial autónomo para garantizar legalidad, justicia y debido proceso, incluso frente a las mayorías parlamentarias.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran los expresidentes mexicanos Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes expresaron su preocupación por lo que consideran una regresión institucional en el país.
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