En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, conmemorado el 12 de junio, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó sobre la persistencia del trabajo infantil en el país. De acuerdo con datos recientes, uno de cada ocho niñas, niños y adolescentes en México realiza ocupaciones no permitidas.
La organización señala que, en muchos casos, los menores no eligen trabajar, sino que lo hacen por necesidad. Entre los motivos se encuentran la contribución al ingreso familiar, el financiamiento de sus estudios o la cobertura de sus propios gastos.
En este contexto, la REDIM cuestiona la tendencia a criminalizar el trabajo infantil, al considerar que este enfoque sanciona las consecuencias sin atender las causas estructurales, como la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Esta visión, advierte, puede perpetuar situaciones de desigualdad y excluir a los menores de contextos que reconozcan su realidad.
Ante este panorama, REDIM hace un llamado a las autoridades a reconocer la existencia del trabajo infantil como una problemática compleja que requiere respuestas integrales. Propone la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, la protección social y condiciones de vida dignas para niñas, niños y adolescentes.
La organización enfatiza que la erradicación del trabajo infantil debe enfocarse en mejorar el entorno familiar y social de los menores, y no únicamente en la penalización. De esta forma, se busca atender las causas que originan el trabajo infantil y construir alternativas que prioricen los derechos de la infancia.
Finalmente, la REDIM enfatiza la importancia de reconocer y hacer visible el trabajo infantil. Negar su existencia no lo resuelve, sino que lo empeora, y es crucial escuchar a quienes lo experimentan para asegurar que, si deben trabajar, no sufran violaciones a sus derechos.
Prohibición del trabajo infantil
En México, la Ley Federal del Trabajo prohíbe el empleo de menores de 15 años y regula el trabajo de adolescentes entre 15 y 17 años bajo condiciones específicas. Quienes contraten a menores de 15 años pueden recibir multas administrativas de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El Código Penal Federal establece penas de uno a cuatro años de prisión y multas similares para quienes utilicen, recluten o administren menores de 15 años en trabajos, especialmente en casos de explotación, trata o actividades peligrosas. Las sanciones aumentan si las víctimas son menores indígenas o si hay violencia.
De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de tres millones de menores trabajan en México, muchos de ellos bajo condiciones de riesgo.
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