La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de evitar que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revise el uso de 898 millones de pesos entregados por la Federación para la reconstrucción del municipio, tras el paso del huracán Otis.
La acción legal fue presentada en días recientes luego de que la morenista fuera cuestionada por el destino de los fondos otorgados por el gobierno federal.
La administración municipal argumenta que la ASE no tiene competencia legal para auditar dichos recursos, y que esta tarea corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La controversia fue admitida por la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, quien ordenó registrar el expediente bajo el número 174/2025 y turnarlo al ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá realizar el análisis de fondo y presentar un proyecto de resolución ante el Pleno.
Controversia constitucional de alcaldesa es clasificado como tramitación urgente
En su acuerdo, la ministra Piña calificó el asunto como de tramitación urgente, lo que implica que deberá resolverse antes del cambio de ministros que se efectuará el próximo 1 de septiembre.
“Se advierte que el actor solicita la medida cautelar de referencia, con lo cual, el presente asunto debe considerarse de atención urgente o preferente”, mencionó la ministra.
El caso ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales, al considerarse un intento por evadir la rendición de cuentas. Cabe recordar que el pasado 3 de junio, el gobierno estatal denunció formalmente a la alcaldesa por presunto ejercicio ilícito de recursos públicos, luego de que se negara a facilitar las auditorías correspondientes.
Los casi 900 millones de pesos fueron otorgados por la Federación en 2023 como parte del paquete de apoyo para la rehabilitación de Acapulco, uno de los municipios más afectados por el paso devastador del huracán Otis.
Hasta ahora, no se ha hecho pública una rendición detallada del uso de estos recursos, lo que ha provocado sospechas y creciente presión para que el gobierno municipal transparente su ejercicio.
Los recursos que se exigen se transparenten son del ejercicio fiscal 2023. Los fondos son provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fortamun), así como de los Ramos 33 y 38.
La resolución de la SCJN podría sentar un precedente importante sobre los límites de fiscalización entre auditorías estatales y federales, así como sobre las obligaciones de los gobiernos municipales en la rendición de cuentas.
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