“Todo se cobra”: así es la corrupción dentro del sistema penitenciario en la CDMX y el Edomex, según Héctor de Mauleón

En los penales del Estado de México y de la capital del país no hay espacio para la legalidad. Lo que existe, en cambio, es una estructura corrupta y sofisticada, montada desde las entrañas del sistema penitenciario y operada con absoluta impunidad. Así lo documenta el periodista Héctor de Mauleón en su columna “En tercera persona”, publicada este martes, bajo el título: Una maquinaria de corrupción ahoga penales del Edomex y la CDMX.

Las denuncias provienen directamente de custodios y comandantes que aún laboran en los 22 centros penitenciarios del Estado de México, desde los complejos más grandes —Barrientos, Ecatepec, Texcoco, Neza y Chalco— hasta los más pequeños, como Lerma, El Oro o Valle de Bravo. Todos coinciden: “los penales están a punto de explotar”.

En cada prisión, denuncian, existe un sistema en el que absolutamente todo tiene precio: desde las visitas íntimas hasta el acceso a medicamentos o el uso de teléfonos celulares. Los internos son obligados a pagar por comida, lavado de ropa, espacios de convivencia e incluso por el derecho a no ser golpeados o enviados a celdas con sobrepoblación. Los pagos diarios ascienden a decenas de miles de pesos por módulo, con cuotas que benefician a los internos con poder, a los custodios, a los comandantes e incluso a funcionarios en Toluca.

Los celulares, rentados por mil 500 pesos semanales, se usan para realizar extorsiones telefónicas. Al ingresar al penal, los nuevos internos ya han sido identificados por su perfil económico: “Tiene cremerías, negocios, propiedades”, se comenta entre pasillos. La información, presuntamente filtrada por los propios funcionarios, sirve para chantajear de inmediato a las familias con amenazas de violencia sexual o agresiones físicas.

“Una casa y un carro y ahí muere. O si no, me cobro con tu hermana, con tu esposa, con tu mamá”, advierten los extorsionadores desde dentro. Las ganancias, según las denuncias, se reparten en niveles: del interno que cobra, al comandante, y de ahí hasta altos funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, encabezada por Rafael Ángel González Uscanga, y de la Subsecretaría de Control Penitenciario, a cargo de Víctor Manuel Martínez Mendoza.

Este último está siendo investigado por el gobierno federal, según fuentes consultadas por De Mauleón. Su nombre aparece también vinculado al comandante Nicolás Aguirre Bobadilla, alias “el Tigre”, señalado como uno de los agresores del influencer Fofo Márquez en una grabación que se volvió viral y que expuso el sistema de extorsión en tiempo real.

El negocio, sin embargo, no se limita al Estado de México. En el Módulo Diamante del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, persiste el legado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde 2021, Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, consolidó una red de control económico y coercitivo dentro del penal. Aunque fue trasladado al Altiplano en 2023, uno de sus hombres quedó al frente de los negocios: el control del abasto, las cuotas por alimentos y teléfonos, y la vigilancia mediante cámaras de seguridad.

Las cuotas en Santa Martha van de los tres mil a los cinco mil pesos por interno. El control de llamadas, celdas “de lujo” y beneficios logísticos sigue generando ganancias sustanciales. Todo, aseguran, ocurre bajo el conocimiento —y con la complicidad— de custodios y autoridades.

Mientras tanto, los comandantes que no participan son sancionados con traslados lejanos a sus hogares, remociones o despidos. “A los que no le entran al aro, los quitan”, sentencia una fuente.

En los penales mexiquenses y capitalinos no reina la ley, sino una maquinaria perfectamente engrasada de extorsión y castigo.