Elecciones del Poder Judicial: perspectiva incierta para la democracia mexicana

Más allá de los resultados electorales, las elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación significaron un profundo daño a la democracia mexicana, a sus instituciones y a la perspectiva de la integridad de futuros comicios. Desde su inicio, se trató de un proceso cuestionado por muchas voces, nacionales e internacionales, tanto por el carácter de la reforma legislativa como por la instrumentación de la elección.

La contradicción primaria es evidente: por un lado, se reconoció por todas las partes que, en efecto, era pertinente realizar una reforma que perfeccionara el acceso a la justicia de los mexicanos, tendiera a eliminar la corrupción y el nepotismo en algunos o muchos de los integrantes del Poder Judicial, y que aportara mejores herramientas para impartir justicia. Sin embargo, los mecanismos que se aprobaron estuvieron más encaminados a reducir gastos que a fortalecer la justicia, a eliminar jueces incómodos que a privilegiar la experiencia y la carrera judicial.

Medidas como la reducción del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 miembros, la desaparición de las dos salas de la Corte, la eliminación del Consejo de la Judicatura y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, no resuelven en prácticamente nada los problemas de fondo. La elección simplemente sustituirá a las personas, pero para que ello fuera positivo se requería, en todo caso, de una elección democrática, lo que no fue el caso.

La propuesta de elegir popularmente a todas las personas juzgadoras a nivel federal y local requería del diseño de un proceso electoral novedoso, creativo, pausado y pedagógicamente explicado a la ciudadanía. El éxito de la transición democrática en México fue justamente el convencimiento paulatino y la credibilidad de los ciudadanos sobre la valía de su voto, el sentido de poder optar por diversas ofertas y el aprendizaje de cada procedimiento electoral.

En este caso se buscó, en menos de ocho meses, realizar una reforma constitucional, seguir todos los pasos para promulgarla, desahogar los recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los amparos recibidos, redactar las leyes secundarias pertinentes, reformar la ley electoral para darle nuevas atribuciones al INE, convocar a la elección y pretender que la ciudadanía, en sesenta días de campaña entendiera todo, conociera a miles de candidatos y supiera cuáles son las funciones de los diferentes cargos que se estaban eligiendo.

Adicionalmente se le negaron los recursos necesarios al Instituto Nacional Electoral para organizar una elección completamente inédita, que al menos debía cumplir con todos los requisitos que establece la ley, con la difusión debida y con todos los procedimientos que desde 1990 dieron certeza y credibilidad a las elecciones mexicanas.

Por ello no sorprende el desconocimiento ciudadano sobre los pormenores de la elección, o la pobre participación, o que las campañas de los aspirantes no levantaran el interés público, o que crezcan las dudas sobre la limpieza del proceso electoral. En su lugar, sorprende el debate en los medios y las redes sociales sobre la pertinencia de ir a votar o no, o que en los días previos a la elección circularan “acordeones” induciendo a las personas a votar por los preferidos de gobernantes o partidos, que presuntamente no debían participar en el proceso. Se trató de prácticas fraudulentas que por lo menos recuerdan las épocas del acarreo o del voto condicionado a las ventajas de los actuales programas sociales.

Para la democracia mexicana, la elección del Poder Judicial sienta un peligroso precedente. Después del 1 de junio vendrán todo tipo de polémicas, críticas, resoluciones del INE y de los tribunales electorales. Eventualmente, las nuevas personas juzgadoras tomarán posesión de sus cargos el 1 de septiembre y empezaremos a conocer la eficiencia de su desempeño. Pero no se olvide que en el camino está en el Congreso la iniciativa de una reforma electoral que bien podría terminar de debilitar a nuestras instituciones democráticas, en especial al INE. La perspectiva es incierta, pues nos alejamos de ser el país más democrático del mundo, según se pretendía.

*Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor Líder Global. Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterre Campus Santa Fe. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Fue Consejero Electoral del IFE (2003-2010) y del INE (2014-2017). Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (2017-2021).