Durante años se mantuvo en segundo plano, lejos de los reflectores y de los escándalos públicos. Pero hoy, Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido señalada judicialmente como pieza clave en una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México.
Una corte en Miami, Florida, la condenó a pagar 1.740 millones de dólares al Estado mexicano. A su esposo, también condenado, se le impuso una sanción de 748 millones, lo que suma 2.488 millones de dólares por el desvío de recursos públicos a través de contratos adjudicados irregularmente.
El fallo fue dictado por la jueza Lisa Walsh, del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, y representa un golpe jurídico, financiero y simbólico contra la familia García-Pereyra, acusada de utilizar empresas fachada, paraísos fiscales y propiedades en Estados Unidos para ocultar su enriquecimiento ilegal.
Así operó
Linda Cristina Pereyra Gálvez nació en Nezahualcóyotl, Estado de México. En 1995 se casó con Genaro García Luna, a quien conoció en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mientras ambos realizaban estudios universitarios. La pareja tuvo dos hijos: Genaro y Luna Sofía.
Aunque obtuvo su título de licenciada en Derecho en 2018, Pereyra desarrolló una trayectoria como empresaria. En 2007 registró la marca del restaurante Los Cedros en Xochimilco, Ciudad de México, el cual operó hasta que la familia se mudó a Miami.
Ya en Estados Unidos, estableció nuevas compañías como Best Friends Group LLC, con el mismo nombre del restaurante, así como sociedades con fines inmobiliarios.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas empresas fueron utilizadas para canalizar y blanquear fondos públicos desviados durante el sexenio de Felipe Calderón.
En 2010, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó a la familia de García Luna deudas fiscales por 4,7 millones de pesos, en lo que investigadores y periodistas como J. Jesús Lemus han interpretado como parte de un esquema más amplio de protección institucional.
De acuerdo con el periodista, si la condonación correspondía únicamente al Impuesto Sobre la Renta (ISR), el restaurante Los Cedros debió haber reportado ventas por 15,8 millones de pesos en un solo año, una cifra que —según su análisis— sugiere un negocio altamente lucrativo o potencialmente utilizado para lavado de dinero.
Una sentencia que multiplica el daño
El fallo del tribunal civil en Florida es consecuencia de una demanda interpuesta en septiembre de 2021 por el gobierno mexicano, representado por la UIF. La corte concluyó que Pereyra y García Luna orquestaron una operación para saquear al Estado mexicano a través de 30 contratos asignados de manera fraudulenta entre 2006 y 2012.
Los fondos públicos fueron enviados a cuentas en el extranjero, invertidos en propiedades en Florida, y canalizados mediante una red de al menos 44 empresas.
La jueza Walsh dictó una sentencia por daños triplicados, conforme a la ley civil de Florida, tras la omisión de comparecencia por parte de los acusados.
La UIF confirmó la ejecución de resoluciones previas que ya han permitido recuperar más de 1,9 millones de dólares en efectivo y un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares. También se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares por el vencimiento de una hipoteca vinculada a Delta Integrator LLC, una de las principales empresas del esquema.
Las investigaciones han identificado a Linda Cristina Pereyra como titular o beneficiaria de múltiples compañías registradas en Estados Unidos, Barbados y otras jurisdicciones. Entre las entidades señaladas se encuentran:
- Delta Integrator LLC
- OGGI CAFFE LLC
- GL& Associates Consulting LLC
- GLAC Security
- Only Best Properties Corp
- Imperial Crab Ltd.
- Right Way Investments Corp
- Sunshine Dynasty Trust, entre otros.
Estas empresas forman parte de una estructura financiera opaca, diseñada para mover recursos provenientes de contratos públicos y dificultar su rastreo. De acuerdo con la UIF, algunas de estas compañías han sido usadas como prestanombres o vehículos para transferencias patrimoniales simuladas.
Una vida de apoyo, complicidad y lujos
A pesar de los señalamientos, Pereyra ha sido descrita por su defensa como una esposa leal y pilar emocional de la familia. En 2023, durante el juicio penal en Nueva York contra García Luna —donde fue declarado culpable de conspiración para tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal y falsedad de declaraciones—, Linda Cristina fue la única testigo presentada por la defensa.
En una carta enviada al juez Brian Cogan, escribió: “Durante los momentos más difíciles de mi enfermedad, cuando ya no podía más, él me levantó y me animó a seguir adelante”.
La carta, presentada como un testimonio de su vínculo familiar, contrastó con las pruebas que la ubicaban como sociedad activa en la red de corrupción.
La familia también vivió con lujos notables. De acuerdo con reportes periodísticos de periodistas como Peniley Ramírez, sus hijos Genaro y Luna Sofía estudiaron en el Miami Country Day School, una escuela privada cuya matrícula alcanzaba los 70 mil dólares anuales. La familia residió en la exclusiva zona de Golden Beach, donde adquirieron una propiedad valuada en 3.5 millones de dólares. Estos gastos fueron realizados en paralelo al desvío sistemático de recursos del erario mexicano.
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