En “La Mañanera del Pueblo” de este 20 de mayo, el fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que el alcalde de Teuchitlán, José “N”, y sus dos hermanos han formado parte de una presunta red de tráfico ilegal de combustible ―conocido como huachicol fiscal― ― que está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la cual ha sido documentada en investigaciones periodísticas desde 2021.
En específico, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que 210 empresas de los hermanos Murguía Santiago participaron en el trasiego de huachicol fiscal en los recientes decomisos en las regiones de Ensenada y Tamaulipas (Altamira), donde brindaron unidades y transporte para este tipo de actividades criminales:
“La información que se obtuvo de los medios nos llevó a establecer una línea de investigación de inteligencia que llevamos con el secretario García Harfuch que demostró algo que es fundamental: el ex presidente municipal de Teuchitlán ―que está ya procesado y en la cárcel, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas con en Ensenada (Baja California) para mover esa droga (sic)“, así lo dijo.
Sobre esa misma línea, Gertz Manero destacó que las investigaciones periodísticas de diversos medios han servido para poder construir una investigación y redes judiciales sólidas que lleven a comprobar todas las aseveraciones respecto a cómo opera el contrabandeo de combustibles desde Estados Unidos y se distribuye en las altas esferas de empresarios y la política mexicana.
CJNG y el huachicol fiscal: una red criminal que sigue “desangrando” al Estado mexicano
El cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha consolidado una sofisticada red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”, que genera pérdidas millonarias para el erario mexicano y fortalece su poder económico. Esta actividad ilícita se ha convertido en la segunda fuente de ingresos del cártel, solo por detrás del narcotráfico.
Según se ha documentado, el modus operandi del CJNG incluía el robo de crudo y combustibles refinados mediante tomas clandestinas, sobornos a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y falsificación de documentos aduaneros. El combustible robado se transportaba a través de empresas fachada como Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, controladas por miembros del cártel que señalaban a César Morfín Morfín, alias “El Primito”.
El impacto económico es significativo: se estima que el huachicol fiscal genera pérdidas diarias de 35 millones de pesos por evasión fiscal en México. Además, la red del “Cártel de las Cuatro Letras” se ha expandido hacia Centroamérica al utilizar rutas clandestinas por Guatemala y Belice para distribuir el combustible robado.
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