Tras una audiencia inicial que se extendió por más de 20 horas, Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado a una menor de edad, según informó la Fiscalía General de Justicia del estado.
La decisión se basó en una reclasificación jurídica realizada por el juez encargado del caso. Durante la audiencia, se presentaron y debatieron diversos datos y medios de prueba que sustentaron la acusación.
De acuerdo con la Fiscalía, a solicitud de la defensa y con el consentimiento de los padres de la víctima, se llevó a cabo un procedimiento abreviado.
En este marco, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que resultó en una sentencia de cuatro años de prisión.
Además, se garantizó la reparación integral del daño en beneficio de la víctima, incluyendo aspectos relacionados con su proyecto de vida, así como el pago de una multa por el delito cometido.
Al respecto, el Movimiento Feminista de Zacatecas ha exigido la destitución inmediata de Rubén Ibarra Reyes, de la UAZ.
Según un comunicado emitido por el colectivo, el caso fue reclasificado como abuso sexual durante una audiencia inicial, lo que permitió que el acusado enfrente el proceso en libertad debido a que el delito no es considerado grave.
La resolución ha generado indignación entre los colectivos feministas, quienes denuncian la existencia de una red de poder que protege a los agresores.
De acuerdo con el comunicado, el juez encargado del caso, Alfredo Sánchez, habría facilitado un proceso que, según las denunciantes, refleja las fallas estructurales de un sistema judicial que favorece a los hombres en posiciones de poder.
El texto señala que la reclasificación del delito, que originalmente contemplaba penas de hasta 20 años de prisión, a uno de menor gravedad, es una muestra de cómo el sistema patriarcal opera para garantizar impunidad.
Además, se acusa a las autoridades de filtrar información de la carpeta de investigación y de exponer a la víctima, lo que habría allanado el camino para una resolución favorable al acusado.
El colectivo feminista subrayó que este caso no es un hecho aislado, sino una confirmación de que las instituciones judiciales y gubernamentales están diseñadas para proteger a los agresores, especialmente a aquellos con poder e influencia.
Las activistas denunciaron que el sistema judicial, la fiscalía y el poder ejecutivo en Zacatecas habrían actuado en conjunto para minimizar la gravedad de los hechos y garantizar que el rector continúe en libertad.
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