Un juez federal ratificó la sentencia condenatoria contra Pedro Humberto Gutiérrez Aguirre y a Leopoldo Ojeda Arellano, quienes fueron hallados culpables de secuestro agravado, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Ambos sujetos fueron señalados por su presunta colaboración con el Cártel de Los Arellano Félix, grupo criminal con fuerte presencia histórica en Baja California.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), detalló que los ahora sentenciados operaban como parte de una célula delictiva de el emblemático grupo criminal; incluso, Pedro Humberto era un delincuente y mando policial en Tijuana a la vez. En 2017, durante un operativo realizado en la ciudad de Tijuana.
¿Cuáles son las condenas para cada uno de los exmiembros del Cártel de Tijuana?
Como resultado del proceso judicial, Gutiérrez Aguirre recibió una condena de 43 años y 2 meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber aprovechado su cargo como policía municipal en Tijuana para facilitar las operaciones del cártel, así como participar en el secuestro de miembros de grupos delictivos rivales.
Por su parte, Ojeda Arellano fue sentenciado a 26 años y 8 meses de cárcel por su responsabilidad en un caso de privación ilegal de la libertad, el cual también clasificado como secuestro agravado.
La ratificación de la sentencia, según la FGR, representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado infiltrado en corporaciones policiales. La autoridad federal destacó que este fallo fortalece el combate a la impunidad y demuestra que la colusión entre cuerpos de seguridad y grupos delictivos no quedará sin castigo.
¿Quiénes eran Los Arellano Félix en los ochenta y noventa?
El Cártel de los Arellano Félix, también conocido como el Cártel de Tijuana, fue una de las organizaciones más violentas y poderosas en los años 90 y 2000. Aunque su estructura principal se ha debilitado tras la captura o muerte de sus líderes, células residuales aún operan en Baja California, muchas veces en colusión con funcionarios públicos corruptos.
Este caso resalta la importancia de depurar las instituciones de seguridad pública y reafirma la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las corporaciones policiales, especialmente en regiones fronterizas con alta presencia del crimen organizado.
Finalmente, la FGR reiteró su compromiso de continuar investigando y sancionando a quienes, desde cargos públicos, colaboran con organizaciones criminales. La sentencia contra estos exagentes envía un mensaje contundente: la ley alcanzará a quienes traicionan su juramento de proteger a la ciudadanía.
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