De qué trata la reforma a los trenes de pasajeros que aprobó la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados fue aprobado este martes en la Comisión de Comunicaciones y Transportes el dictamen en materia ferroviaria y de armonización normativa, el cual obedece a la propuesta de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este proyecto de reforma establece al servicio ferroviario como área prioritaria para el desarrollo nacional y que corresponde al Estado su control.

La reforma se presenta ante el Congreso mientras está en construcción el Tren Lechería-AIFA, el Tren México-Pachuca. Además, en breve arrancarán las obras del tren de pasajeros que cubrirá la ruta México-Querétaro.

Con la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, México redefine las bases de su sector ferroviario.

Estas instituciones tendrán el encargo de modernizar y supervisar un sistema de trenes de pasajeros, crucial para el desarrollo económico, la conectividad y la sostenibilidad ambiental.

La ATTRAPI asumirá la planeación estratégica y la modernización de la infraestructura ferroviaria y multimodal.

Entre sus funciones están fomentar inversiones públicas y privadas en el sector, coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y otorgar permisos y autorizaciones vinculados al transporte ferroviario.

Por su parte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario supervisará la operación y mantenimiento de las vías férreas, asegurará la interconexión en las vías generales de comunicación y gestionará las sanciones por infracciones, reforzando la regulación del servicio público.

El conjunto de reformas, que incluye cambios a leyes clave —como la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Orgánica de la Administración Pública Federal y otras normativas vinculadas a bienes nacionales y la comunicación ferroviaria— forma parte de un esfuerzo por trazar un modelo eficiente, seguro y competitivo para el transporte de carga y pasajeros.

Entre los cambios destaca la regulación de la construcción y explotación de vías férreas para que cumplan con estándares que beneficien tanto al usuario como al entorno.

Estos ajustes normativos también introducen garantías legales para el cumplimiento de concesiones y permisos, contemplando la obligatoriedad de pólizas de seguro que cubran daños a terceros y a infraestructuras ferroviarias.

Este esquema asegura las indemnizaciones en caso de incidentes, al tiempo que permite supervisar debidamente el cumplimiento de las normas.

Otro de los impactos esperados es la generación de empleo y la redistribución económica en comunidades cercanas a los trenes, mitigando desigualdades sociales y regionales.

De forma paralela, la sustitución progresiva de vehículos automotores por un mayor uso del ferrocarril promete reducir emisiones contaminantes, avanzando hacia un transporte más sostenible.

Las reformas también aumentan la articulación de la administración pública en el manejo de áreas relacionadas, como transporte aéreo, marítimo, telecomunicaciones y radiodifusión. Esto responde a la necesidad de integrar de forma coordinada los sistemas de transporte que conectan al país.