Sentencian a más de 10 años a mujer en Baja California por posesión de metanfetaminas y armas del ejército

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años, 10 meses y 10 días de prisión contra Natalia “L”.

La mujer fue declarada culpable de varios delitos, entre ellos, la portación de un arma de fuego, la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la posesión de clorhidrato de metanfetamina.

Natalia fue fue detenida en marzo de 2023 en la ciudad de Tijuana, Baja California, según un comunicado de la FGR.

La aprehensión fue realizada por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, quienes encontraron en su posesión un arma de fuego, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, además de una cantidad significativa de clorhidrato de metanfetamina.

Este último es un estimulante del Sistema Nervioso Central con un alto potencial adictivo. Según información del la Ley General de Salud las metanfetaminas son un psicotrópico que tiene un valor terapéutico; sin embargo, constituye un problema grave para la salud pública.

El caso de Natalia “L” fue llevado ante el Ministerio Público Federal (MPF), que presentó las pruebas necesarias para sustentar la acusación. Tras analizar los elementos presentados, el juez dictó la sentencia condenatoria contra Natalia “L”, quien deberá cumplir su pena en prisión.

La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo que tiene como misión principal la investigación de delitos y el esclarecimiento de hechos delictivos.

Según detalla la institución, su objetivo es garantizar una procuración de justicia eficaz y apegada a derecho, contribuyendo a la disminución de la inseguridad y al fortalecimiento del Estado de derecho en México. Además, busca asegurar que los responsables de actos ilícitos no queden impunes y que se respeten los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

Entre las funciones de la FGR se encuentran la prevención del delito, la promoción de la reparación integral del daño y la garantía de no repetición de los hechos delictivos.

Para cumplir con estas metas, la institución se rige por principios como la autonomía, la legalidad, la objetividad, la eficiencia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, incorpora perspectivas de género, interculturalidad y accesibilidad en sus procesos, con el fin de garantizar una justicia inclusiva y equitativa.