El exfiscal del estado de Nayarit, Édgar Veytia, alias ‘El Diablo’, preso desde el 2017 en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico fue presuntamente liberado por las autoridades de ese país.
De acuerdo con el portal Pie de Nota, que cita a una fuente del gobierno federal de Estados Unidos, fue liberado mediante un proceso legal en contra del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia Federal de Prisiones (BOP).
Pie de Nota indicó que la demanda del ex fiscal de Nayarit en contra de las agencia estadounidense se fundamentó en que habían ocultado u omitido evidencia que habría ayudado en su caso.
El Diablo también demandó al BOP por presuntos maltratos que sufrió mientras estaba recluido.
El ex fiscal de Nayarit cumplía una sentencia por los crímenes de narcotráfico, tras un cargo de conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, todo ello, mientras era funcionario público.
El Diablo fue detenido en marzo de 2017 cuando intentaba cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos.
Dos años después, en 2019, se declaró culpable de un cargo de narcotráfico, tras ser acusado de utilizar su posición para proteger las actividades de organizaciones criminales y facilitar el tráfico de drogas.
Veytia colaboró con Los Haches, una facción del Cártel de los Beltrán Leyva, y también lo hizo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El ex fiscal participó como testigo del gobierno de los Estados Unidos en el juicio contra el ex-secretario de seguridad Publica, Genaro Garcia Luna, quien fue condenado a 38 años de prisión por narcotráfico.
Su participación en el caso le ayudó a tener un beneficio, ya que se redujó su sentencia a 10 años, apresurando su libertad al 10 de octubre de 2025.
Sin embargo, en días pasados se reportó que Veytia ya no estaba en los registros del sistema de prisiones de los Estados Unidos, por lo que se presumía que ya había sido liberado pese a que enfrenta otros procesos penales, como portación de arma y solicitudes de extradición a México por el delitos como secuestro, extorsión y abuso de autoridad.
En tanto, el 13 de marzo cinco familias originarias del estado de Nayarit interpusieron una demanda civil ante un tribunal federal en Estados Unidos en contra el exfiscal, a quien acusan de actos de tortura perpetrados directamente por él o por agentes de seguridad bajo su mando entre 2012 y 2017.
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