Extradiciones de narcos y células criminales inestables: los signos de “una guerra que no se puede ganar”

Tres mil 512 elementos de seguridad, 342 vehículos y 20 aeronaves. Esa fue la magnitud de la operación con la que las fuerzas federales extrajeron a 29 jefes criminales de sus lugares de reclusión, los trasladaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los entregaron a autoridades de Estados Unidos.

Ya en la Unión Americana, los presuntos líderes delictivos fueron distribuidos en ocho ciudades distintas para enfrentar diversos cargos penales. Según explicó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la expulsión de estos hombres ocurrió “por seguridad de nuestro país y de conformidad con una solicitud del gobierno de los Estados Unidos”.

El fiscal reveló que las autoridades estadounidenses entregaron la petición con nombres y apellidos. Pasaron apenas algunas horas desde que llegó la misiva hasta que se convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y se puso en marcha la operación.

Según lo establecido por la Ley de Seguridad Nacional, en México este consejo está integrado por la persona que ocupa la Presidencia, además de las y los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad Pública (SSPC), de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), de la Función Pública (ahora denominada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), de Relaciones Exteriores (SRE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Para conocer algunos de los posibles efectos de este suceso inédito, Infobae México entrevistó a Guadalupe Correa Cabrera, investigadora especialista en temas de seguridad internacional y redes criminales, autora del libro Los Zetas Inc. La corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional y profesora de la Universidad George Mason, en Virginia, EEUU.

En la conversación, Correa Cabrera resaltó que “el gobierno mexicano ha estado sujeto a las exigencias de EEUU y las extradiciones han jugado un papel muy importante” en esta relación, la cual calificó como “asimétrica”.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Gertz Manero descartó que la entrega de 29 jefes criminales tuviera vínculo alguno con las advertencias de Donald Trump respecto a la imposición de aranceles. Sin embargo, la operación ocurrió en el mismo contexto de las negociaciones en materia económica y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“Entiendo la respuesta”, sostuvo la investigadora respecto al traslado de los sujetos requeridos por EEUU. “No se había visto un número tan importante, pero tampoco se había tenido una amenaza de esta forma”, consideró.

En la lista de los enviados a EEUU figuran personajes de alta relevancia para el crimen organizado en México, como los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (exlíderes de Los Zetas), José Alberto García Vilano (exjefe de Los Escorpiones, una facción del Cártel del Golfo) y Antonio Oseguera Cervantes (hermano de Nemesio Oseguera, máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación).

“Habrá que ver si esto realmente va a derivar en una estabilización del país. Si esto se logra va a ser a la manera de EEUU, pero al final lo que importa es la gente“, destacó la especialista.

Las capturas y extradiciones de líderes criminales suelen generar “grandes espacios de inestabilidad” en las células delictivas, de acuerdo con Guadalupe Correa. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió con la llegada de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, a Estados Unidos en 2007, cuatro años después de su detención.

En 2009, Cárdenas Guillén firmó un acuerdo de culpabilidad y comenzó a compartir información con el gobierno estadounidense; además, le pedía a los lugartenientes de Los Zetas que le enviaran dinero cada mes. Los cabecillas criminales pensaban que el efectivo sería utilizado para pagar su fianza, pero el monto fue entregado a las autoridades como parte de la negociación para reducir su sentencia. Este engaño provocó que Los Zetas se separaran del Cártel del Golfo, lo que marcó el inicio de una sangrienta confrontación entre ambas organizaciones.

“Hay que ver si esto no explota como le explotó a Felipe Calderón Hinojosa”, manifestó Correa Cabrera en relación a la escalada de violencia que detonó el Operativo Conjunto Michoacán del expresidente en diciembre de 2006. Uno de los principales fallos de dicha estrategia de seguridad, acorde con la entrevistada, fue que “no se cerraron los canales de la corrupción y la impunidad”.

El método de atacar únicamente a las cabezas de los grupos criminales “genera una violencia tremenda y eso motiva que haya más intervención de las fuerzas del orden”, expuso Correa al respecto.

“Las lógicas militares regeneran el problema, la militarización de la seguridad pública nunca ha derivado en una estabilización del país. Se puede cantar victoria en los primeros periodos de la aplicación de esta estrategia, pero finalmente es una guerra que no se puede ganar y que le explota en la cara a quien la aplica”, añadió la académica y escritora.

Aún se desconoce el impacto que podrá tener esta expulsión masiva de narcotraficantes, pero la historia señala que, si no se atienden otros aspectos como la corrupción de autoridades, la impunidad, el consumo y el flujo de drogas, los niveles de violencia podrían incrementar.