Organizaciones advierten que con reforma para fortalecer a la SSPC “las autoridades podrán acceder a datos sensibles”

Las organizaciones Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTic se manifestaron en contra de la reforma que busca fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivado a que se retoman acciones que tuvieron malos resultados en gobiernos anteriores y que al ponerlos de nueva cuenta en acción se estaría vulnerando “la seguridad y derechos de la población”.

En primer plano señalan que la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, en la que proponen que la identificación oficial, la CURP o el RFC estén vinculados a los números, representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), que fue creado en la administración de Felipe Calderón y eliminado en 2011, después de que la base de datos resultó vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro.

Sumado a que este registro no tuvo una incidencia en la reducción del crimen, pues aseguran que mientras estuvo en operación el Renaut el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el secuestro ocho por ciento.

Sumado a que esta iniciativa emula al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que fue aprobado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.

“El registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil también pone a la población en un estado de riesgo frente al acceso no autorizado por vulneraciones de datos o de actos de corrupción cometidos por autoridades federales, estatales e incluso municipales, quienes tendrán acceso al registro sin control judicial ni supervisión de una autoridad de protección de datos profesional y autónoma”, se lee en el comunicado en conjunto.

A la par, critican un nuevo Sistema Nacional de Información que pretende fusionar información en bases de datos sobre registros vehiculares, datos biométricos, registros inmobiliarios, registros fiscales, datos y registros telefónicos, que la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) considere arbitrariamente para la extracción de “indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.

“El registro de usuarios de telefonía móvil, la legislación no contempla salvaguardas mínimas contra el abuso, como el control judicial. De esa manera, autoridades que frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia podrán acceder a datos personales sensibles de toda la población, amenazando así la seguridad y los derechos de la población”, se lee en el comunicado.

Sostienen que un sistema centralizado constituye “una medida de vigilancia masiva e indiscriminada”. Incluso, el condicionamiento del acceso a la telefonía móvil a la entrega de datos personales vulnerando el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

“Este sistema centralizado de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos personales constituye una medida de vigilancia masiva e indiscriminada de la población, propia de un Estado policial, sin controles democráticos y susceptible de ser abusada incluso por la propia delincuencia que pretende combatir”, señala.