El pasado 31 de enero Antonio de Jesús Céspedes y Horacio López Peña murieron a causa de la explosión de un mina terrestre que estalló al ser pisada por la camioneta en la que ambos viajaban sobre el ejido de Santa Rita perteneciente al municipio de San Fernando, Tamaulipas; hasta la fecha son 15 los explosivos caseros asegurados por el Ejército Mexicano.
De acuerdo con información del portal Elefante Blanco, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizó 15 minas terrestres en brechas que corren al norte del estado de Tamaulipas, una región en conflicto por grupos criminales.
Gabriel Armendáriz Escobedo, secretario general del Décimo Cuarto Comité Regional Campesino de la Confederación Nacional Campesina (CNC), afirmó que el Ejército Mexicano realizó detonaciones controladas para retirar el peligro que corren los habitantes que circulan por la zona en narcoguerra entre Los Metros y Los Escorpiones, ambos brazos armados del Cártel del Golfo.
El líder campesino recalcó que las brechas y los caminos siguen abiertos, pero con una fuerte presencia militar: “han encontrado bastantes artefactos y ellos mismos los están detonando para que no pase la gente con algún tractor o con algún vehículo y puedan tener algún accidente”.
Además de las muertes de Don Toño y Don Lacho, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que una mujer que los acompañaba resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la región para que recibiera asistencia médica. Después de la explosión se conoció que las víctimas eran un ciudadano estadounidense y un agricultor mexicano; en tanto, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para que sus ciudadanos evitaran viajar a Tamaulipas.
Hasta 60 años de cárcel por minas terrestres
A raíz de lo ocurrido con las narcominas de Tamaulipas, el diputado panista Gerardo Peña Flores presentó una iniciativa ante el Congreso local para que se imponga una pena de hasta 60 años de cárcel a quien resulte responsable del asesinato de una persona por la colocación de minas explosivas.
el legislador enfatizó que se trata de una pena máxima para los responsables de instalar y matar a alguien con una mina; mientras que la pena será de 15 años para quienes las fabriquen y las transporten.
La iniciativa comprende cambios al Código Penal del estado para tipificar la fabricación, posesión y transporte de minas explosivas; además de aumentar la pena a 60 años del inherente a la tentativa de homicidio calificado, para que en total los castigos alcancen condenas de hasta 75 años de prisión.
A reserva de la votación a lo propuesto por la iniciativa, las autoridades de Tamaulipas han enfatizado que los municipios donde se han detectado y detonado minas explosivas son: Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando.
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