
La mañana del pasado lunes 25 de noviembre, una familia en Guanajuato vivió momentos de terror debido a que un menor de apenas 9 años de edad fue hallado en el piso de la cocina de su casa con un disparo por arma de fuego, mismo que se sabe, fue detonado por él mismo tras haber encontrado una escopeta que le pertenece a su abuelo.
De acuerdo con las autoridades locales, los hechos sucedieron en la capital, en específico en la comunidad de San Pedro y San Pablo, alrededor de las 07:00 horas del día antes mencionado.
La madre del menor de nombre Octavio, escuchó una detonación, por lo que acudió hasta la cocina de su casa donde encontró a su hijo severamente herido e inconsciente, por lo que sin pensarlo, lo llevó hasta una clínica privada ubicada sobre el bulevar Euquerio Guerrero donde los médicos le informaron que el menor de edad ya no contaba con signos vitales.
Al lugar del accidente acudieron los elementos de seguridad correspondientes, dónde se determinó que el menor habría manipulado una escopeta cargada, propiedad de su abuelo, hombre de quien no se sabe su identidad o si está bajo algún tipo de investigación.
Derivado de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato atrajo el caso, con el fin de deslindar responsabilidades, ya que, si bien el deceso fue a consecuencia de un accidente, no se sabe si el arma de fuego contaba con permisos, al tiempo que el menor estaba sin supervisión de un adulto, lo que aprovechó para analizar el arma que estaba cargada.

En México, la posesión de armas de fuego en el hogar está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es legal poseer ciertas armas en el hogar siempre y cuando se cuente con el permiso correspondiente emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea está prohibida para los civiles.
Si un menor de edad maneja armas de fuego, las consecuencias pueden ser graves. Los adultos responsables del menor podrían enfrentar cargos penales por negligencia o por permitir el acceso a las armas, lo que podría derivar en multas, arresto y, en casos graves, la pérdida de privilegios para poseer armas. Además, el menor podría ser sometido a procesos legales en el sistema de justicia para adolescentes.
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