
Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la vinculación a proceso de dos ex funcionarios por la presunción de delitos referentes a la gestión pública, donde se les adjudica un cargo ilícito aproximado de 172 millones de pesos.
Conforme a lo expedido, las autoridades señaladas prevén una probable responsabilidad destinada a ambos ex administradores por un intento de fraude, empleo de documentos falsos, así como el ejercicio de una infracción administrativa o tributaria del servicio público. Es por ello que, un juez federal emitió un vinculo a proceso de las personas involucradas; aquí los detalles.
SAT y FGR coordinan investigación de irregularidades
A través de un comunicado publicado el 25 de noviembre, ambas dependencias informaron una coordinación conjunta para la detección de irregularidades y corrupción que ejercen al interior del organismo descentralizado de la SHCP, esto por parte de funcionarios públicos y su participación en la comisión de delitos.
Es por ello que, se dio a conocer el vinculo a proceso de dos ex funcionarios afiliados al SAT, quienes fueron identificados como: Leopoldo Carrillo Werring, ex administrador General de Auditoría Fiscal Federal; y Rubén Durán Miranda, ex administrador Central de Análisis Técnico Fiscal.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, las autoridades aplicaron de manera efectiva la política de ‘cero tolerancia a la corrupción’, por lo que, dicha vinculación a los sujetos mencionados denotó la presunción de comisión de los delitos contra la administración pública, uso de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público. Además, ambos ex funcionarios fueron evidenciados por beneficiarse de su puesto como servidores públicos para atentar contra el Fisco Federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos.
Ex funcionarios peñistas caen ante el SAT
En el documento publicado, ambas dependencias determinaron a proceso a los antiguos servidores públicos, quienes fueron expuestos por su prestación laboral en el SAT durante el periodo 2012-2018, es decir, se expuso que los vinculados laboraron en la administración correspondiente al sexenio del ex presidente, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la institución tributaria, los involucrados participaron en la suscripción de Acuerdos Reparatorios sin contar con las facultades necesarias para ello.
Hasta el momento, el SAT y la FGR no ha esclarecido los detalles referentes a las medidas cautelares que se les fueron impuestas a los ex servidores públicos, no obstante, los supuestos actos ilícitos que se les imputan no ameritan una prisión preventiva de oficio.

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