La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencias de condena contra siete personas por su participación en la evasión de Pedro Luis Hernández, alias “Wicho”, ex presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos, en el marco de la Operación “Enjambre”.
Las condenas se dictaron mediante procedimiento abreviado y recayeron sobre Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis, Ángel Díaz Zarco, Martín Santana Martínez, María Raquel Rubio Rodríguez y Violeta Hernández Paniagua. Todos fueron encontrados responsables de los delitos de evasión, daño en los bienes, robo con violencia y abuso de autoridad, según el delito que le correspondió a cada uno.
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Qué pasó el día de la toma de protesta
Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2024, a las 8:04 horas, cuando Luis Hernández rendía protesta en el jardín de la zona centro de Santo Tomás. Elementos de la Policía de Investigación acudieron al lugar como parte de la Operación “Enjambre” para detenerlo y cumplir una orden de aprehensión girada en su contra.
Sin embargo, un grupo de personas intervino para permitir que “Wicho” se evadiera. Entre ellas estaban las siete personas que ahora recibieron sentencia.
La Fiscalía mexiquense obtuvo condenas de hasta 14 años de prisión contra funcionarios y civiles que, en diciembre de 2024, impidieron la detención de Pedro Luis durante su toma de protesta como alcalde de Santo Tomás. Los sentenciados agredieron a elementos policiales y dañaron vehículos oficiales para facilitar la fuga del entonces edil electo, según las indagatorias de la institución.
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En el momento de los hechos, María Raquel Rubio Rodríguez se desempeñaba como primera regidora del ayuntamiento, mientras que Nélida Ávila Chamorro ocupaba el cargo de secretaria municipal. Por su parte, Ángel Díaz Zarco y Martín Santana Martínez eran policías municipales en funciones.
Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, en cambio, participaron como civiles en la agresión a los servidores públicos de la Fiscalía y en los daños a los vehículos en los que se desplazaban los elementos aprehensores.
Las penas impuestas por el Órgano Jurisdiccional
Tras revisar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Órgano Jurisdiccional dictó las siguientes penas, de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada sentenciado.
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Ángel Díaz Zarco recibió la condena más alta: 14 años de prisión, al ser hallado responsable de los delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.
Para Martín Santana Martínez, el Órgano Jurisdiccional determinó una pena de 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de evasión y robo con violencia.

En el caso de Litzy Mariana Domínguez Vilchis, la sentencia fue de 8 años y 8 meses de prisión tras acreditarse su responsabilidad en evasión y daño en bienes. María Raquel Rubio Rodríguez, en tanto, fue condenada a 6 años de prisión por evasión y abuso de autoridad.
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Las penas menores correspondieron a Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, quienes recibieron 4 años y 8 meses de prisión cada una.
Detención de los sentenciados y captura de “Wicho”
Tras los hechos del 17 de diciembre de 2024, la Fiscalía mexiquense llevó a cabo actos de investigación de gabinete y de campo que permitieron establecer la intervención de las siete personas en la fuga del entonces alcalde electo.

Una vez identificados y detenidos, los siete ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social a disposición de un juez, donde permanecieron durante el proceso legal que derivó en las sentencias dadas a conocer.
Pedro Luis Hernández logró evadir la detención durante su toma de protesta, pero la Operación “Enjambre” continuó con acciones operativas que derivaron en su arresto. El 8 de febrero de 2025 fue detenido en el municipio de Valle de Bravo.
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Actualmente, “Wicho” se encuentra interno en un penal estatal, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.
Los presuntos vínculos de “Wicho” con el crimen organizado
Pedro Luis Hernández, nombre completo de “Wicho”, fue detenido por el delito de extorsión agravada y por su presunta vinculación con La Familia Michoacana, organización criminal de origen michoacano.
“Wicho” como su esposa, María del Rosario “N”, alcaldesa saliente de Santo Tomás, estaban bajo investigación por sus presuntos nexos con ese grupo delictivo, el cual habría recibido protección a través de la Policía Municipal.
Pedro Luis Hernández contó con el apoyo de un servidor público del ayuntamiento, quien participó en el grupo que, mediante el uso de violencia, facilitó su evasión durante la toma de protesta.
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El marco de la Operación “Enjambre”
La Operación “Enjambre” forma parte de una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del Gobierno de México.

A esta coordinación federal se suma el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Fiscalía del Estado de México. El objetivo de la operación es desarticular organizaciones delictivas que operaban en territorio mexiquense y que recibían apoyo institucional por parte de algunos servidores públicos.
Se trata de una estrategia coordinada para investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en el Estado de México.
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Con las sentencias dictadas contra Ávila Chamorro, Domínguez Vilchis, Díaz Zarco, Santana Martínez, Rubio Rodríguez y Hernández Paniagua, la Operación “Enjambre” suma 27 personas con sentencia de condena desde su inicio.
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