Coneval pide al Senado reconsiderar su extinción: “No somos organismo autónomo ni duplicamos funciones con el Inegi”

Este martes 26 de noviembre comienza en el Senado de la República la discusión de la reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos y transfiere sus funciones a Secretarías de Estado y otras dependencias de gobierno; vale recordar que este dictamen -propuesto en febrero pasado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador- ya fue avalado la semana pasada en la Cámara de Diputados.

Esta reforma propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El dictamen también contemplaba la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero de último minuto el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, propuso mejor fusionarlos en un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía (SE), medida que fue avalada por el Pleno.

Cabe mencionar que comisionados y funcionarios de estos organismos constitucionalmente autónomos ya pidieron al Gobierno de México así como al Congreso de la Unión que se reconsiderara la reforma -incluso a cambio de una reducción en sus presupuestos-, sin embargo, la medida fue rechazada y continúa avanzando en las cámaras, “ya es muy tarde, ya está ahí la propuesta en el Congreso”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de octubre.

Coneval se pronuncia ante su posible extinción

A este llamado se sumó también el Coneval, entidad encargada de medir la pobreza y de evaluar las políticas y programas sociales del gobierno. Este martes, previo al inicio de la discusión en comisiones del Senado, el organismo emitió un pronunciamiento donde pide a los legisladores reconsiderar su extinción, ya que en el sentido estricto de la definición no es una entidad autónoma como sugiere la reforma, además de que alertó sobre los riesgos de que sus tareas sean transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el cual, dijo, no se duplican tareas.

“El Consejo no es un órgano constitucional autónomo, no existen funciones duplicadas con el INEGI. Al trasladar fuera del ámbito de la administración pública federal las funciones de medición de pobreza y de evaluación de política social, se pone en riesgo la credibilidad de cifras fundamentales para la política de desarrollo social, la emisión de información crucial para la delimitación de zonas de atención prioritaria para los programas sociales y la generación de evidencia oportuna y pertinente para el diseño de los planes de la nueva administración”, dice el escrito.

El Coneval explicó que nunca entró en operación el organismo autónomo que se encargaría de la medición de la pobreza -establecido en el Artículo 26 constitucional-, pero que si se aprueba la reforma en los términos actuales, es necesario que en las leyes secundarias y artículos transitorios se priorice el modelo de gobernanza técnica e independiente con que ha operado en sus 19 años de existencia:

“Lo anterior es indispensable para conservar la capacidad del Estado mexicano para apuntalar en forma efectiva las acciones dirigidas a eliminar la pobreza, así como la promoción y garantía de los derechos sociales de las y los mexicanos. Asimismo, hacemos un llamado a que se brinde certidumbre y respeto a los derechos laborales de los cerca de 200 trabajadoras y trabajadores que integran el Coneval”, pidió el organismo.

En caso de que avance la reforma, el Coneval también solicitó que se respeten los plazos, presupuestos y mecanismos dispuestos para las actividades programadas para 2025, así como la presentación de las mediciones de pobreza en 2024 y la preparación de las estadísticas de pobreza municipal para próximo año, así como la información que permita la asignación de los fondos del Ramo 33 (presupuesto para estados y municipios destinado a educación, salud, infraestructura básica y educativa, fortalecimiento financiero, seguridad pública y para programas alimenticios y de asistencia social).

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