
Un par de días después del fallido intento de arresto contra el exgobernador Javier Corral Jurado, sus abogados aseguraron que el operativo desplegado en la Ciudad de México por autoridades de Chihuahua no contaba con la autorización requerida.
Por medio de un comunicado difundido en las redes sociales del despacho Schutte y Delsol, los representantes del también senador electo advirtieron que ya presentaron denuncias contra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y su fiscal anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, por presuntos actos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y privación ilegal de la libertad.
La noche del 14 de agosto, Corral Jurado se encontraba en un restaurante de la colonia Roma, en la CDMX, cuando fue abordado por seis agentes que buscaban ejecutar una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. Momentos después, al lugar arribó el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, y elementos de dicha corporación para interrumpir la captura.
El argumento de las autoridades capitalinas para intervenir en los hechos fue que, aparentemente, no se habían concretado los trámites que garantizaran su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para concretar el arresto y traslado de Javier Corral.
“Los funcionarios de la Fiscalía de esta Ciudad, conforme a Derecho, impidieron una ilegal detención y la continuada comisión de delitos dentro del territorio de su competencia”, señalaron los abogados de Corral al defender la participación de la FGJCDMX.

Los miembros de la Policía de Investigación de Chihuahua trataron de aprehender a Corral Jurado conforme a la orden FGJCDMX/DGSSOJ/SCSOJ/7802/08-2024, emitida por un juez del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua y divulgada por la Fiscalía Anticorrupción.
Según explicó Ulises Lara, dicho mandamiento se trataba de un oficio interno que no les daba la facultad para efectuar el operativo, pues la solicitud de colaboración “aún se encontraban en proceso de atención, sin una respuesta oficial”. En contraste, el fiscal Abelardo Valenzuela aseguró que el documento tiene las mismas características que otros mandamientos previamente cumplimentados en la CDMX.
Tras la interrupción del arresto, Javier Corral fue declarado prófugo de la justicia por autoridades de Chihuahua, lo cual fue severamente rechazado por su equipo legal.
“Contrario a lo manifestado por el titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Javier Corral Jurado no tiene el carácter de prófugo de la justicia y goza plenamente del ejercicio de sus derechos políticos”, externaron los abogados en el pronunciamiento.
En este sentido, dieron a conocer que Javier Corral obtuvo un amparo indirecto y se le concedió una suspensión provisional que congela la orden de aprehensión en su contra. El exgobernador promovió dicho recurso “ante el temor fundado de que vuelvan a intentar privarlo de su libertad”.
Por tal motivo, una jueza de distrito estableció una garantía económica por 120 mil pesos como medida para evitar que Javier Corral evada la acción de la justicia.
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