En una misma semana se registraron episodios en los que el crimen organizado orquestó ataques con explosivos lanzados desde drones en dos estados distintos.
La mañana del 3 de julio, miembros de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, Michoacán, fueron agredidos por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cuatro días más tarde, sujetos no identificados perpetraron un ataque con explosivos en una casa de Caborca, Sonora, en la que hirieron a tres mujeres, incluida una hermana de Jesús Darío Murrieta Navarro, alias ‘Cara de Cochi’, identificado como asociado a la familia de Rafael Caro Quintero.
Ambos sucesos evidenciaron la capacidad que las organizaciones criminales tienen para adquirir y utilizar dispositivos para realizar operaciones ofensivas desde el aire. En atención a esto, desde junio de 2024 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha proyectos de inversión para adquirir sistemas antidrones en seis entidades distintas.
En los documentos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puede leerse que el objetivo que tiene la Sedena con este proyecto es “recuperar el Estado de Derecho” en cada una de los territorios.
Con esto, se espera obtener “equipos de detección, inhibición y neutralización de drones y explosivos que les permita a las unidades operativas incrementar su capacidad de respuesta ante ataques a las instalaciones o personal militar”.
Específicamente, las inversiones planteadas por la Dirección General de Transmisiones pretenden sumar estos sistemas antidrones al inventario de las siguientes subdivisiones:
- IV Región Militar, localizada en Monterrey, Nuevo León.
- V Región Militar, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
- VI Región Militar de la capital del estado de Puebla.
- VII Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- IX Región Militar, establecida en Acapulco, Guerrero.
- XII Región Militar, ubicada en Irapuato, Guanajuato.
Para Nuevo León, la Sedena tiene contemplada una inversión total de 203 millones 255 mil 778 pesos; en Jalisco se prevé un monto de 200 millones 756 mil 995 pesos; para Puebla se solicitaron 185 millones 59 mil 719 pesos; en Chiapas se considera una inversión de 185 millones 59 mil 719 pesos; para Guerrero se pretenden destinar 162 millones 141 mil 253 pesos; y para Guanajuato se consideran 203 millones 255 mil 778 pesos.
En su conjunto, los seis proyectos anticipan una inversión total de mil 139 millones 529 mil 242 pesos, cifra que abarca el monto de inversión y los costos de mantenimiento y operación.
La corporación militar detalla en las solicitudes que la inversión de dichas sumas se realizaría entre junio y diciembre de 2024, mientras que se espera que la vida útil de los activos se extienda hasta 2034.
Es pertinente mencionar que en los documentos de factibilidad técnica y evaluación socioeconómica, la Sedena reservó todos los detalles debido a que fueron catalogados como “información sensible que puede revelar especificaciones técnicas y/o datos de infraestructura de tecnologías que se utilizan en el desarrollo de las actividades militares”.
Instrumentos que cumplen con la finalidad de inhabilitar drones ya han sido vistos en meses recientes por otras dependencias de seguridad.
En diciembre de 2023, luego de que el CJNG emboscara elementos del Ejército con drones en Gabriel Zamora, Michoacán, la Fuerza Civil del estado presumió un artefacto de su arsenal especializado en la localización de dispositivos aéreos no tripulados.
Se trata de una ND-BD003 Handheld Anti-Drone System, un instrumento portátil desarrollado y fabricado por Novoquad, que está equipado con un detector de radiofrecuencias (RF) para captar las señales que emiten los drones cuando están en el aire. Cuando identifica alguno de estos dispositivos, se pone en marcha un bloqueador de señales que puede interferir la comunicación del dron con el control al cual está conectado. Cuando pierde dicha conexión, el dron se ve obligado a volar de regreso al punto de despegue.
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