Días después de haber concretado la detención de Gabriel García, expresidente municipal de Tizayuca, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) consiguió que fuera vinculado a proceso por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de funciones y atribuciones agravado.
A través de una tarjeta informativa, la corporación explicó que la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra presentó datos que un juez consideró suficientes para continuar el proceso penal en su contra.
En términos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el delito de peculado ocurre cuando las personas responsables del manejo y custodia de los recursos del Estado se apropian de ellos o desvían su destino.
Según las indagatorias, el exalcalde habría autorizado de manera ilegal diversas órdenes de pago entre el 21 de enero y el 31 de agosto de 2020 en beneficio del exsecretario de tesorería y administración municipal. Además, se presume que “de manera ilegal firmó un contrato para la adquisición de mobiliario”, por lo que las autoridades investigan el destino de 25 millones 309 mil pesos.
La Procuraduría solicitó a un juez que emitiera una orden de aprehensión en contra del exedil, misma que fue cumplimentada el 30 de junio en las calles de la colonia El Pedregal, dentro del municipio hidalguense. García fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca para que se realizara la audiencia de imputación correspondiente.
El exfuncionario se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas y fue hasta el 6 de julio que, en continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, en contra del exalcalde.
La llamada ‘Estafa Siniestra’ es un entramado de corrupción que salió a la luz en 2022, poco después de que Julio Menchaca asumiera el cargo como gobernador de Hidalgo.
Durante una revisión del Poder Ejecutivo, Menchaca se percató de una red de desvío de recursos que, según las estimaciones, alcanzaría hasta 522 millones de pesos e involucraría a 13 gobiernos municipales y dos secretarías del gobierno estatal.
Las primeras noticias de este esquema surgieron en el municipio de Huautla, en donde la exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Itzel Castillo, notó que en la documentación de compra de insumos sanitarios había costos elevados sin justificación alguna.
Castillo se negó a firmar los papeles que acreditarían la supuesta regularidad de estas adquisiciones, por lo que fue despedida por el exalcalde Felipe Juárez Ramírez.
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