Así fue “la caravana de la muerte”; cuando el gobierno de Calderón le abrió las puertas de Sonora al narco

Un convoy de 16 camionetas y más de medio centenar de sicarios fuertemente armados recorrieron más de 300 kilómetros desde Caborca hasta Arizpe, Sonora: nadie los molestó y la Policía Federal brilló por su ausencia, permitiendo que emboscaran y asesinaran a 22 personas: los medios la llamaron “la caravana de la muerte”.

El calendario marcó el 16 de mayo de 2007 como el día de la masacre; los muertos quedaron repartidos en tramos carreteros de los municipios de Cananea y Arizpe: 15 eran presuntos sicarios, cinco policías municipales y dos civiles que quedaron entre el fuego cruzado.

Algunas versiones refieren que “la caravana de la muerte” ingresó a Sonora por el estado de Chihuahua, otras afirman que partió de Caborca -tierra dominada por el Cártel de Sinaloa-; ambas coinciden en que avanzó por la entidad durante la madrugada del 16 de mayo con la complacencia de Javier Garza Palacios, entonces excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva y uno de los hombres cercanos a Genaro García Luna.

Horas después de la masacre, el procurador del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, confirmó el hallazgo de cuatro policías que previamente habían sido secuestrados: estaban esposados y sus cuerpos abandonados junto a la carretera; a unos kilómetros encontraron a dos civiles y a otro uniformado.

Con ayuda de un helicóptero del Gobierno de Sonora, la Policía Estatal armó un operativo y localizó a los sicarios en las inmediaciones de Arizpe. Eran entre las 14:00 y 15:00 horas del 16 de mayo de 2007 cuando desde las alturas dispararon y abatieron a 15 criminales.

El entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, confirmó el aseguramiento de 10 fusiles de asalto y un vehículo abandonado por los sicarios; respecto al actuar de la Policía Federal, la condenó y señaló su mal funcionamiento. Meses más tarde (noviembre de 2007), cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon la casa de su jefe de seguridad, declaró que “la AFI no sirve para nada” y pidió la salida de la agencia de Sonora para que dejara trabajar a la Policía Estatal Investigadora.

Premio al responsable

La falta de coordinación de la Policía Federal que dejó pasar al convoy de 16 camionetas y circular por más de 300 kilómetros sin molestarlos desembocó no en la destitución de Garza Palacios, sino en su promoción como agregado policial y de seguridad en Colombia. “Un sui generis encargo diplomático que se le inventó a la medida” -escribió el periodista José Reveles en su libro Necropolítica y narcogobierno- y que le permitió alejarse del escrutinio público por la masacre.

Cuando Genaro García Luna fue cuestionado por el nuevo encargo de su amigo, el exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón afirmó que “no había pruebas suficientes para proceder (a su despido) y obstaculizar el desarrollo profesional policial del funcionario”.

Garza Palacios es considerado como uno de los integrantes del grupo cercano a García Luna conocido como Los Siete jinetes del Apocalipsis, una red criminal con nexos con el crimen organizado formada por: Armando Espinosa de Benito (Extitular de la División de Investigación de la Policía Federal), Edgar Eusebio Millán (Director de secuestros en la AFI), Luis Cárdenas Palomino (Exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal), Facundo Rosas Rosas (Excomisionado de la Policía Federal), Ramón Eduardo Pequeño (Jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal), Tomás Zerón de Lucio, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal) y Javier Garza Palacios.

La investigación que se intentó reabrir contra el amigo de García Luna fue frenada en mayo pasado por un juez federal quien revocar una suspensión del no ejercicio de la acción penal que permitía a las autoridades reabrir una investigación abierta desde abril de 2017.