Militarización empuja a migrantes a zonas más peligrosas, advierten activistas

Los secuestros masivos de migrantes ocurridos en Chiapas y Oaxaca en los últimos días no son -por desgracia- temas aislados en el contexto nacional: el control de grupos criminales en las zonas de paso de miles de personas que buscan la frontera con Estados Unidos y los compromisos del Gobierno Mexicano con la Casa Blanca llevaron a la militarización de las rutas históricas, empujando a los cientos de miles de migrantes a moverse a otras regiones más inseguras y peligrosas.

Es un error pensar que la violencia contra las personas desplazadas de manera obligada de sus lugares de origen sólo ocurre en municipios del sur de México como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde grupos criminales expandieron sus actividades ilícitas del contrabando de drogas a la extorsión, secuestro y tráfico de migrantes.

Brazos armados y células de los cárteles de Sinaloa y del Golfo han sido señalados como responsables de secuestros masivos de migrantes en el desierto de Sonora y en Tamaulipas; también se les ha vinculado con ataques a caravanas que transportan familias enteras y con homicidios por “confundirlos” con integrantes de grupos rivales.

Para nadie es un secreto que la frontera norte de México lleva décadas en constante guerra para dominar los cruces por donde cada día pasan cientos de miles de personas y entre ellas los cárteles aprovechan para enviar distintas drogas; algunos incluso “contratan” migrantes para utilizarlos como “mulas” o “burros”.

Militarizar la frontera de Tijuana

Las garitas de Tijuana concentran el mayor flujo de personas que cruzan entre México y Estados Unidos: trabajo, educación, compras o diversión suelen convivir con el trasiego de drogas y el cruce ilegal de personas en una de las ciudades más violentas del país.

Por todo lo anterior, el gobierno federal envió a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano al Ejido Jacumé para montar un campamento con personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para “detener” a los migrantes que intentar saltar el muro fronterizo que los separa de la ciudad de San Diego.

Para el padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana, es lamentable que el Gobierno Federal no implemente acciones que solucionen el problema y que afecten a quienes lucran con la condición de los miles de desplazados: “por qué no detienen a los polleros”.

El problema del campamento antimigrantes es que están orillando a los “polleros” a llevarlos por zonas más peligrosas, tales como la región de Playas de Tijuana (a través del mar), por el Río Tijuana y por la zona Norte de la ciudad, una de las más inseguras.

GN y Ejército violan derechos humanos de migrantes

Para el dirigente de la Casa Migrante de Tijuana lo condenable es que la Guardia Nacional y el Ejército hagan poco para bajar los índices delictivos de la ciudad: “El problema es con el crimen organizado, no con los migrantes”.

Es claro -destaca el padre Murphy- que el tema tiene relación con las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los compromisos que el Gobierno de México ofreció a la Casa Blanca; el objetivo -dice- es que no crucen, lo que los obliga a buscar sitios más aislados y más inseguros. Así secuestraron a principios de enero a 31 migrantes en Tamaulipas después de que no pudieran cruzar la frontera por Tijuana.

En el informe “La militarización del INM y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes” de la Universidad Iberoamericana, se hace hincapié en las violaciones al derecho internacional y a las leyes nacionales por el despliegue de decenas de miles de militares y guardias nacionales para facultarlos con actividades que sólo competen al INM.

El documento destaca los abusos de autoridad del personal del INM, las condiciones de las estaciones migratorias, el concepto de retorno voluntario, uso excesivo de la fuerza en las detenciones, los procedimientos administrativos migratorios y los vacíos legales y ambigüedades para permitir que “autoridades auxiliares” actúen como cercos que no están frenando el tráfico de personas y la inseguridad a la que se enfrentan decenas de miles de personas que buscan un mejor estilo de vida.