
La Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, Hortensia García Rodríguez, resolvió que César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador del estado y quien enfrenta cargos por corrupción, debe continuar su reclusión en prisión, pese a sus alegatos de enfermedad y la existencia de un amparo federal que buscaba la reposición del debate para cambiar su situación a arresto domiciliario.
Duarte, arrestado en el 2020 en Miami, Florida, por autoridades estadounidenses, se encuentra inculpado por desviar fondos que suman 96 millones 686 mil 253 pesos hacia empresas propias entre 2011 y 2014.
De acuerdo con el Semanario Zeta, durante la audiencia efectuada la mañana de este 26 de marzo, el exmandatario se autoproclamó “preso político”, argumentando que, tras 42 meses de encarcelamiento sin sentencia y sin acceso al arresto domiciliario, se siente instrumentalizado para fines políticos.
“Me queda claro que soy un botín político”, dijo, destacando la falta de progreso en sus padecimientos de salud que incluyen problemas cardíacos, intestinales, pulmonares y renales.
Duarte Jáquez subrayó la gravedad de su estado al mencionar una próxima cirugía programada para el 1 de abril de 2024, destinada a tratar una complicación cardíaca que empeora su condición.
En respuesta, la magistrada García Rodríguez aseguró que la atención médica de Duarte está garantizada, incluyendo la intervención quirúrgica, pero enfatizó que después de la recuperación necesaria deberá volver al Centro de Readaptación Social (CERESO) Número 1 de Aquiles Serdán, en Chihuahua.
Este dictamen desestima la petición de la defensa de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario para una recuperación más conveniente post-operatoria.
“Aquí hay otro elemento, a mí me otorgó un juzgado federal un amparo para la atención inmediata de mi salud”, argumentó Duarte, refiriéndose a la protección que buscaba modificar su restricción.
Duarte Jáquez fue capturado originalmente por el Servicio de los Alguaciles Federales estadounidenses (US Marshals Service, por sus siglas en inglés) y extraditado a México en junio de 2022, bajo cargos de peculado y asociación delictuosa. Desde su llegada, ha permanecido en la prisión chihuahuense, enfrentando un proceso legal que él señala como influenciado por motivaciones políticas, especialmente considerando la cercanía de las elecciones del 2 de junio de 2024.
El exgobernador manifiesta que su salud es utilizada indebidamente como moneda de cambio en agendas políticas, “no se vale; me queda claro que no tienen aprecio a la vida, menos a la mía”.
Este caso pone nuevamente en el foco a César Horacio Duarte Jáquez, cuya carrera política fue marcada abruptamente por acusaciones de corrupción que resultaron en su detención y en su expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en enero de 2019.
Mientras tanto, las autoridades judiciales subrayan que las medidas tomadas respecto a su detención y procesamiento judicial tratan de asegurar la administración correcta de justicia, respetando los derechos del acusado, incluidos los concernientes a su salud.
Se espera que las decisiones futuras en este caso continúen atrayendo atención pública y mediática, dada la prominencia política del implicado y las implicaciones mayores en la lucha contra la corrupción en México.
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