
Después de semanas de incertidumbre, el coordinador de los Diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fue designado como el precandidato presidencial de su partido y, de manera simbólica, Samuel García Sepúlveda, su ‘compadre’ y actual gobernador de Nuevo León, le cedió la estafeta ‘fosfo fosfo’ para la contienda electoral del próximo 2 de junio.
Primero lo hizo en el video donde él y su esposa Mariana Rodríguez ‘lo destaparon’ como el sucesor en la precampaña, luego lo hizo durante el registro de Álvarez Máynez en la sede de Movimiento Ciudadano en la capital del país y finalmente, le entregó todo el atuendo anaranjado de precandidato -incluidos los famoso tenis ‘fosfo’- en un video que García difundió en redes sociales.
Sin embargo, el gobernador de Nuevo León podría haber violado la ley tras su participación en este spot del precandidato presidencial de su partido, y esta situación no pasó desapercibida por la oposición, ya que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Samuel García sí violó la Ley Electoral y la Constitución con el spot?
De acuerdo con Ángel Ávila Romero, representante del Sol Azteca ante el Consejo General de INE, el gobernador de Nuevo León operó en favor de un aspirante a un cargo público de elección popular siendo funcionario, violando la ley electoral y lo establecido en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que pidió bajar de inmediato el spot de las redes sociales.
El primer artículo citado se refiere a la formación, operación, funciones, tiempos asignados y financiamiento de los partidos políticos en nuestro país. Una de las omisiones en que habría incurrido Movimiento Ciudadano es que todos los partidos deben tener el mismo tiempo tanto en precampaña como en precampaña; además, se establece que ninguna persona física o moral -a título propio o por cuenta de terceros, puede contratar “propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”, señala el inciso ‘g’ de la Fracción III del Artículo 41 constitucional. Esta misma disposición se encuentra en el punto 5 del Artículo 159 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y entonces, vale mencionar que antes que militante o gobernador, Samuel García es un ciudadano como cualquier otro, el cual dicho sea de paso, tiene un amplio alcance en redes, que es donde se difundió primero el spot, que después fue republicado por MC en sus cuentas oficiales. Es importante mencionar que en la Ley Electoral todavía no está regulada la propaganda en internet o redes sociales pese a que en los últimos años estas plataformas han jugado un papel importante tanto en las campañas como en la formación de opinión política y potenciador para la construcción de la democracia, de acuerdo con el artículo Internet y campañas electorales en México. La oportunidad postergada publicado por el Instituto Electoral del estado de México
Y aunque Movimiento Ciudadano únicamente ‘movió’ el video en redes, el PRD asegura que éste viola justamente los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad. “Al emitir ese tipo de promocional, no importa si es dentro de la pauta o no de Movimiento Ciudadano, o en redes sociales o no, hay la presunción de una violación electoral porque él tendría que guardar el principio de neutralidad”, aseguró su representante ante el INE.
Advierten posible desvío de recursos de NL a la campaña ‘fosfo’
Por otro lado, el Artículo 134 constitucional habla sobre el ejercicio adecuado de los recursos públicos. En el caso específico del spot ‘fosfo’, el PRD señala que el gobernador de Nuevo León está haciendo promoción personalizada en el anuncio, cuando la ley prohíbe que los funcionarios públicos lo hagan salvo que se trate de un informe de labores.
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público,” señala dicho artículo en su octavo párrafo.
Por otro lado, el perredista Ángel Ávila explicó en redes sociales que la queja presentada ante el INE también incluye a Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano, a quienes el Sol Azteca acusa de tratar de beneficiarse con las conductas delictivas de Samuel García Sepúlveda. “También se puede prefigurar el desvío de recursos públicos del Gobierno de Nuevo León a las campañas de MC”, dijo en X.

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