El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una de las instituciones de educación superior del país más respetadas, que año con año recibe un alto presupuesto para financiar los estudios de más de 220 mil estudiantes; sin embargo, es su planta de trabajadores la que enfrenta irregularidades en el ejercicio.
De acuerdo con la segunda entrega de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2022, el IPN tiene por aclarar un monto de 18 millones 200 mil 897 pesos.
La ASF revisó expedientes de personal en los cuales también encontró irregularidades, como que en 285 de ellos no se entregó la información y documentación requeridas por la norma institucional en cuanto a datos generales, lo que implica la capacitación y escolaridad del personal.
De ellos, en 30 casos el expediente no contenía la documentación que acreditara su escolaridad; mientras que tres trabajadores no cumplieron con el perfil del puesto.
Asimsimo, en su análisis de la Cuenta Pública de 2022, se encontraron algunas irregularidades en la nómina, en donde se encontraron 245 pagos a 93 empleados de apoyo por un millón 233 mil pesos y 76 pagos a dos empleados docentes por 118 mil pesos, superiores a los montos que se autorizaron en tabuladores de sueldos y salarios.
La Auditoría Superior de la Federación encontró en el IPN un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de esta institución educativa por un monto de 18 millones 200 mil pesos.
Entre las irregularidades que se encontró se encuentra principalmente el pago a una veintena de trabajadores.
Se destacó entre ellos pagos realizados a dos trabajadores que no registraron su asistencia por ser representantes sindicales en 2022 y que debieron haber tramitado una licencia sin goce de sueldo, cuyo monto ascendió a 451 mil pesos.
También se registraron pagos a siete trabajadores con puestos administrativos de tiempo completo y a 17 trabajadores con puestos académicos de tiempo completo que participaron como representantes sin que para ello hayan tramitado una licencia. En este caso se atiende un monto por 17 millones 749 mil pesos.
La ASF encontró como inconsistencia el que hubo una falta de control, supervisión y seguimiento a servidores públicos del IPN en cuanto al registro de asistencia.
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