
Samuel García solicitó licencia para ausentarse del Gobierno de Nuevo León y buscar la Presidencia de la república en 2024 por Movimiento Ciudadano, sin embargo, con sólo dos años al frente de la entidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones en el ejercicio de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
De acuerdo con la segunda entrega de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022, el Gobierno de Nuevo León dejó cuentas por aclarar que representan un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto millonario.
La ASF indicó en su pliego de observaciones del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades el posible daño o perjuicio por un total de 18 millones 525 mil 526 pesos, por “pagos realizados con recursos del fondo del ejercicio fiscal 2022″ en cinco contratos.
Destaca que los conceptos y volúmenes de obra que no se ejecutaron, así como por obras que no se encuentran en operación ni tampoco representan un beneficio para la población objetivo.

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades implica la realización de obras y acciones que beneficien las zonas de atención prioritaria, así como población de municipios y demarcaciones que presentan los mayores niveles de rezago social y pobreza extrema, de acuerdo con el gobierno federal.
En resumidas cuentas, se trata de un fondo para la infraestructura en regiones pobres. De tal forma que de acuerdo con el informe de la ASF se tienen más de 18 millones de pesos pendientes por aclarar.
Este total deriva de cinco contratos, el primero el 22-08-002, por el cual se rehabilita el Parque Público en la Colonia Emiliano Zapata en Salinas Victoria, con conceptos y volúmenes de obra pagados no ejecutados por 88.3 mil pesos.
Un segundo contrato es el 22-09-005, parta la Construcción de Guardería, en la colonia Citricultores en General Terán, que tiene un millón 096.9 millones por pagos no ejecutados y 9 millones más por obras pagadas que no operan, para un total de10 millones 141 mil pesos.

También por la construcción de una Guardería en la colonia Real de Palma, en General Zuazua, con volúmenes de obra pagados y no ejecutados por 1.4 millones y por pago de obras que no operan por 4.1 millones, para un total de 5.6 millones de pesos.
Se suman 2.3 millones de pesos por obra pagada y no ejecutada en la construcción de techos, muros y cuartos en viviendas de municipio como Monterrey, Juárez, Guadalupe, General Escobedo, Cadereyta, Ciénega de Flores, entre otros.
Y 326 mil pesos la construcción de pisos, techos, muros y cuartos adicionales en otros municipios como Villaldama, Sabinas Hidalgo, Parás, Agualeguas, Anáhuac, entre otros.
La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia gubernamental de Nuevo León o su equivalente realice investigaciones pertinentes.

O bien, inicie un procedimiento administrativo correspondiente por irregularidades de los servidores públicos que no integraron la documentación que acredite la terminación de obras por cinco contratos que fueron financiados por el FISE en el ejercicio 2022.
Y es que estos expedientes no cuentan con documentos que logren acreditar terminación de obras como avisos de terminación, cierres de bitácora de obra pública y actas de entrega-recepción, pese a que estos presentaron avances físicos del 100 por ciento.
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