El Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Coyuca de Benítez, el comandante y nueve agentes de la policía que fueron asesinados en la comunidad de El Papayo habían recibido una llamada de auxilio por un presunto secuestro de dos elementos de seguridad, por lo que acudieron al punto y después fueron emboscados.
El secretario Alfredo Alonso López, el jefe de la policía, Honorino Salinas, y nueve uniformados fueron masacrados la tarde del 23 de octubre por un comando de al menos 30 sujetos.
Fuentes del municipio informaron a Proceso que la Comandancia de la Policía Preventiva de Coyuca de Benítez fue alertada mediante una llamada anónima del plagio de dos agentes, por lo que se les pedía auxilio para el rescate.
Veinte minutos después, el secretario de Seguridad y tres policías más arribaron a la comunidad de El Papayo, muy cerca de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, cuando fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados que comenzaron a dispararles.
Tras darse a conocer la noticia, el jefe de policías acudió al rescate del titular de la SSP municipal junto con dos elementos, sin embargo, ellos también fueron masacrados. Posteriormente otro grupo con seis policías más fueron interceptados y llevados a la sierra, en donde fueron encontrados sin vida.
Tras los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) arribaron a la región para blindar la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado inició una investigación.
El alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco, pidió a la población mantener la calma.
A más de un día, la Fiscalía aún no ha dado mayor respuesta sobre lo que pasó la tarde del lunes pero, según El Universal, en la zona fueron hallados al menos 200 casquillos percutidos.
Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido en la región de Costa Grande y se solidarizó con las familias de los policías emboscados, asegurando que ya se estaba atendiendo el problema.
La violencia tampoco cesa en Tierra Caliente
En un hecho sin precedentes y debido a la ola de violencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero también suspendió todas sus actividades administrativas en la región de Tierra Caliente para salvaguardar la integridad de su personal.
La medida fue dada a conocer por la titular de la FGE, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y entró en vigor desde el pasado sábado 21 de octubre.
Dicha decisión será vigente hasta nuevo aviso y se aplica en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro.
Apenas el pasado 9 de septiembre fue hallado sin vida el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, quien fue atacado a balazos. Su cadáver ―perforado por las balas más de 50 veces― fue hallado cerca del puente del pueblo de Jaripo, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal.
El fiscal había sido amenazado por el crimen organizado hace unos meses y, en esa ocasión, tuvo que retirarse de la región escoltado por personal militar y de la Guardia Nacional.
Según la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, el crimen estaba relacionado con una reacción del crimen organizado ante los operativos y aseguramientos que se realizaron en días anteriores.
Antes de ello, el 21 de agosto, Patricia Jacqueline Salgado, titular de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, fue privada de la libertad por un comando, aunque apareció con vida 24 horas después.
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