
En la presentación del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas dio a conocer que, según las investigaciones, hay un total de 434 posibles involucrados en la desaparición de los estudiantes.
En el diagrama de “actores relevantes”, como lo presentó la comisión adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob) aparecen miembros del crimen organizado y autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que confirma la coordinación entre el Estado y células delictivas.
Del total, 109 personas serían integrantes de grupos delictivos, de las cuales 105 pertenecían a Guerreros Unidos, dos a Los Rojos, una a la Familia Michoacana y una más al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).
Conviene señalar que en este informe, como ya se había establecido anteriormente, Encinas ratificó que los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” no habían establecido ningún contacto con el grupo de Guerreros Unidos y no había ningún vínculo entre los jóvenes y este cártel.
Además, el titular de la CoVAJ aseguró que no hubo ninguna infiltración de Los Rojos en el grupo de estudiantes.

La red de integrantes del crimen organizado se vio superada en número por los agentes de las policías municipales de Guerrero, pues estuvieron involucrados:
- 67 policías de Iguala
- 19 de Cocula
- 29 de Huitzuco
- 7 de Taxco
- 2 de Tepecoacuilco
- 1 de Apaxtla
En total, hubo 125 elementos de la Policía Municipal involucrados en el caso, según las indagatorias.

Las Fuerzas Armadas también se vieron íntimamente relacionadas con la desparición de los normalistas aquella trágica noche de Iguala, pues de acuerdo con el informe participaron 22 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 17 más de la Secretaría de Marina (Semar).
Respecto a esto, la más reciente actualización alusiva a los procesos iniciados en contra de agentes militares fue la concesión de la prisión domiciliaria para el general Rafael Hernández Nieto, quien se desempeñaba como comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala cuando los normalistas fueron desaparecidos.
Aunado a ello, se dio a conocer que hubo participación de 35 funcionarios estatales, incluidos integrantes del Gobierno de Guerrero (7), la Policía Estatal (17), la Policía Ministerial (5), la Fiscalía General de Guerrero (3) y el Tribunal Superior de Justicia (3).
En cuanto al Gobierno Municipal de Iguala, la CoVAJ identificó a 12 elementos que tendrían algún grado de responsabilidad en el crimen de Estado.
Respecto al Gobierno Federal, el informe contempla la participación de 36 funcionarios y exfuncionarios de dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), el CISEN, la CNS, Policía Federal, Policía Ministerial y la Segob.
Finalmente, Encinas refirió que hay 78 actores relevantes más que no pertenecen ni al crimen organizado ni a la administración pública, como testigos de identidad reservada (12), estudiantes normalistas (54), conductores de autobús (2) y “particulares” (10).
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