Defensa de Lozoya respondió a la FGR sobre desecho de pruebas: “Fueron obtenidas ilícitamente”

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, respondió a los señalamientos que lanzó la Fiscalía General de la República (FGR) y puntualizaron que las pruebas que se desecharon presuntamente fueron obtenidas de manera ilícita.

Por medio de un comunicado, el despacho Ontiveros explicó que el desechamiento de las pruebas por el Caso Odebrecht, de acuerdo a lo que explicaron las autoridades, se debió a que presuntamente fueron “obtenidas ilícitamente”, especialmente las relacionadas a la “falta de control judicial”.

“Que la Fiscalía General de la República haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales”, se pudo leer el lunes 25 de agosto.

Aunado a lo anterior, explicaron que fue por la supuesta violación de derechos que se emitió la resolución judicial, la cual ellos calificaron como correcta, lícita y acorde a un modelo democrático de derecho penal, contrario al planteamiento de la FGR.

En un segundo punto, los abogados explicaron que no sólo en México se han desechado pruebas sobre el Caso Odebrecht, sino que también ha ocurrido en países como Brasil —lugar donde tenía sede la empresa involucrada en los casos de corrupción—, especialmente en el caso en contra del actual presidente de la nación, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esta sentencia (la del Supremo Tribunal de Brasil) (...) deja claras las graves violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación y del juicio del caso Odebrecht y que impactan en el resto de casos instaurados a escala mundial”, explicaron.

Las violaciones serían una supuesta flagrante ineficacia en la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht, de la cual se obtuvo la mayor parte de información para imputar a diversos actores a nivel internacional. Además, la defensa del exfuncionario también destacó que existió una presunta mecánica en donde fiscales brasileños y un juez se habrían coludido para imputar a Lula da Silva.

“A estas dos flagrantes violaciones a los derechos fundamentales se suma una tercera —que no es la última—, consiste en coacción psicológica ejercida sobre diferentes testigos, lo cual ocasionó enfermedades y muerte de personas vinculadas al caso Odebrecht”, detallaron.

Debido a las fuertes declaraciones, los litigantes sentenciaron que todos sus dichos son basados en la sentencia que emitió el máximo tribunal de la nación sudamericana sobre el caso del actual presidente.

Fue por todo lo anterior que sentenciaron que las pruebas con las que cuentan son ilícitas, lo que imposibilita que sean utilizadas en México, “de ahí que la resolución dictada en esta materia en nuestro país sea lícita, legal y ejemplar”.

Finalmente, respecto a un supuesto beneficio para el exdirector de Pemex, tanto Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso explicaron que en ningún artículo de la legislación mexicana niega que un ciudadano pueda acceder a, por ejemplo, un acuerdo reparatorio, aunado a la suspensión del caso Agronitrogenados que dijeron está fundamentado en instrumentos internacionales.

FGR acusó “parcialidad” de jueces para favorecer a Lozoya

La postura de la defensa del exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dio unas horas después de que la Fiscalía General de la República acusó que presuntamente jueces de distrito y magistrados habrían sido parciales e ilegales para favorecer al exfuncionario.

De acuerdo a lo que explicaron, las acciones que favorecieron a Lozoya terminarán perjudicando a las víctimas, el Estado mexicano y Pemex: “Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos jueces otorgó beneficios a Emilio ‘L’, que artículos expresos de la legislación, le niegan”.

Además, explicaron que en el caso de México, las pruebas fueron obtenidas con base en Tratados Internacionales y que han sido calificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como legales.